Algunos dirigentes del partido en el poder han expresado simpatías con el régimen venezolano. Se entiende: pocas cosas tan favorables para quienes dirigen al Estado como el régimen vigente en Venezuela. El Estado como propiedad privada de la clase política.
Lo mismo ocurre en Cuba y Nicaragua. El pequeño grupo que maneja a las instituciones estatales lo hace sin más contrapesos que los de la realidad. Manejan el poder a su antojo.
Debido al estricto control de la información, no hay muchos detalles sobre ese monopolio. Pero es claro el contrastante nivel de vida entre la élite política y el resto de la población. Un ejemplo fue la publicación de Gabriel García sobre las excelencias que cocinaba el chef de Fidel Castro, mientras la mayoría de los cubanos apenas subsistía con la cartilla de racionamiento.
La realidad contrasta con la idea que los dirigentes y simpatizantes de esos gobiernos se presentan a sí mismos: altruistas preocupados por la mayorías, en particular por los más desprotegidos.
Muchas de esas mayorías han huido de sus países. Los tres compiten por los primeros lugares mundiales en porcentajes de población expulsada. Ninguno de los tres atrae población. A nadie atraen esos sistemas que algunos ven como ideales.
Son ideales para quienes ejercen el poder. Mientras el sistema funcione, nunca serán llamados a cuentas. La carencia absoluta de transparencia y rendición de cuentas les da total impunidad.
Pensar que se llamara a cuentas por sus faltas a Fidel Castro, Hugo Chávez o Daniel Ortega suena a broma. Podían o pueden gobernar sin límites.
La abolición de la propiedad privada, un hecho en Cuba desde hace décadas, en realidad ha puesto en manos de la clase política la riqueza del país. La administran a su antojo.
Se entiende que, desde el poder, se simpatice con ese modelo político. Más de alguna de las medidas tomadas por la clase política actual van por ese rumbo. Pero lejos de ser un bien público, se trata de la anulación de lo público. La propiedad privada de las instituciones estatales.
