El principal atributo que se busca en los jueces es su imparcialidad, pero si a los mismos se les obliga a hacer campaña para llegar al cargo, tendrán que llegar a acuerdos a cambios de votos y dinero, sobre todo con los partidos políticos, con gobiernos, con grandes capitales y lo peor de todo, con el crimen organizado.
Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales han buscado infiltrar al poder judicial y en ocasiones lo han logrado, porque mediante amenazas o sobornos pueden dirigir las resoluciones judiciales a su favor, garantizando por ejemplo la libertad de algunos de sus miembros, las reducciones de condena o el no ejercicio de la acción penal para varios de los ilícitos cometidos.
Esto ya pasa, pero se da cuando los jueces ya están en el cargo y no le deben al crimen organizado su arribo al puesto. Imaginemos ahora la situación en donde una persona quiere ser elegida juez, pero no tiene ni dinero, ni estructura para hacer campaña y de repente llega una organización que le promete mucho dinero a cambio de que cuando tenga el cargo sus decisiones se sesguen a su favor, habrá sin duda quien se niegue, pero muchos otros si caerán en la tentación, porque es dinero fácil en un momento de alta necesidad.
A lo que voy es que la propuesta tanto de AMLO, como de Claudia Sheinbaum constituye un peligro grave de infiltración para el sistema judicial, porque incrementaría el riesgo de cooptación de forma significativa de los jueces, de hecho, les da incentivos para tomar dinero y caudal de votos de diferentes fuentes, sin pensar en las graves consecuencias posteriores.
Esto debe pensarse con seriedad, no solo se trata de procesos de democratización o de la participación del pueblo, sin duda el esquema de voto es vital en el poder ejecutivo y legislativo, pero en el judicial no es así, es por lo que en más del 95% de los países no se vota por los jueces, por el riesgo de afectar su imparcialidad.
