Nunca he fumado, menos vapeado y no me resulta agradable que alguien fume cerca de mí, pero ello no me impide discernir que establecer la prohibición de venta de vapeadores y luego hacerlo en el texto constitucional es un verdadero despropósito, porque atenta contra las libertades de las personas de elegir fumar o no fumar, aún cuando sea una adicción dañina, se trata de un ámbito en el que el Estado no debe intervenir con prohibiciones, sino con políticas disuasorias.
Hay un texto importante de Richard Thaler, Premio Nobel de Economía y el jurista de Harvard, Cass Sunstein, llamado Nudge, que habla de cómo el gobierno puede generar pequeños empujones legales para propiciar que las personas tomen las decisiones más benéficas para ellas y dejen a un lado prácticas que no les ayudan y en el tema de los vapeadores caben campañas de concientización de los peligros, tal como las vemos ahora en las cajetillas de cigarros o mayores impuestos para encarecer el producto, pero una prohibición no va acabar con la adicción y generará un mercado negro del producto.
De hecho, el mercado negro es el mayor riesgo de la prohibición, porque existirá la demanda, al haber personas con la adicción y si la misma no se puede satisfacer de forma legal, los consumidores buscarán el mercado negro, que sin duda habrá porque el crimen organizado siempre busca oportunidades de negocio y la misma ofrece mucha rentabilidad y lo paradójico será que con esta medida el Estado deje de percibir recursos y por el contrario, el crimen aumentará sus ingresos y el gobierno deberá destinar más presupuesto para combatir una nueva conducta criminal, es decir, un escenario en donde la sociedad pierde por todos lados.
Al final, se trata de una reforma mal planteada, que tendrá consecuencias en la vida pública, que no acabará con un problema y generará otro, porque en la historia las prohibiciones nos han llevado a eso, a mercados negros en donde solo los criminales ganan.
@victorsanval
