El pasado viernes se cumplimentó la extradición de Ovidio Guzmán Loera, hijo del Chapo Guzmán, a los Estados Unidos, en donde enfrentará un juicio en Illinois por tráfico de drogas a dicho país, sumándose a una larga lista de narcotraficantes mexicanos que han terminado en suelo estadunidense purgando condenas.
La extradición implica que los narcotraficantes se ven incomunicados, planear un escape ya no es factible y hasta es probable que terminen cooperando con las autoridades norteamericanas a cambio de una reducción de su pena.
Sin embargo, esto no genera un cambio real en la dinámica del crimen organizado en México, al menos no en la mayoría de los casos.
Por ejemplo, la extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, no significó un trastorno grave a las actividades del Cártel de Sinaloa, por el contrario, sus hijos y el Mayo Zambada se siguieron haciendo cargo del negocio, tampoco la extradición de Osiel Cárdenas Guillén en 2007 trajo beneficios, por el contrario, el Cártel del Golfo siguió operando y además los Zetas de separaron de esta organización desatando una guerra por el control del este de México.
Lo mismo se puede decir de las extradiciones de Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar, Benjamín Arellano Félix, Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Jorge Eduardo Costilla Sánchez “El Coss”, Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, Omar Treviño Morales “El Z42” o Rubén Oseguera González “El Menchito”, en todos estos casos sus organizaciones siguieron operando, incluso se podría decir que hasta hubo casos en donde la violencia se disparó, en lugar de disminuir.
Quizá la ventaja más clara de las extradiciones es que la mismas desembocan en juicios públicos en donde se desentrañan redes de corrupción de México, que cuando los procesos se llevan a cabo en el país no conocemos, precisamente porque sigue habiendo redes informales de protección, que, en lugar de limpiar México, ocultan las complicidades.
@victorsanval
