Esta semana se llevó a cabo la Reunión Nacional “Ciencia, un derecho humano”, una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en México en colaboración con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT A.C.) en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo hablar de un tema que es cada vez más de mayor trascendencia, el “derecho a la ciencia”.
Los alcances del derecho a la ciencia, un derecho que, en conjunto con el derecho a la cultura, se encuentra establecido en el art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La ciencia es un producto cultural en el que se reflejan los sueños y las aspiraciones de los pueblos. Es el punto en el que convergen los conocimientos de una sociedad y esta reunión nacional posibilitó que juntos reflexionemos sobre la ciencia mexicana, con todas sus capacidades instaladas, con su potencialidad de primer nivel en investigadores y centros de investigación, y también con todos sus 68 pueblos indígenas e igual número de lenguas, en los saberes milenarios de sus pueblos rurales y también en toda la ebullición creativa de sus ciudades. La ciencia de las mujeres, la ciencia de los jóvenes, la ciencia que todas y todos podemos hacer y acceder en beneficio de todos. Porque la ciencia es un bien público y, como tal, se trata de un mecanismo indispensable para caminar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos implican un compromiso de la comunidad mundial para aprovechar plenamente la ciencia, la tecnología y la innovación a favor del desarrollo sostenible. Durante los próximos 11 años, la ciencia, la tecnología y la innovación serán piezas fundamentales para responder a los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la humanidad.
Por lo tanto, resulta fundamental reflexionar sobre las posibilidades que brinda la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver nuestros principales problemas. Para ello, se requiere incorporar fuentes alternativas de conocimientos, tales como los de las sociedades autóctonas y aquellos que derivan en la innovación social. Sin lugar a dudas, la incorporación de estas fuentes, así como de los actores claves de los diversos sectores (gubernamental, académico, educativo y empresarial), requiere planteamientos novedosos para el establecimiento de una sólida relación entre la ciencia y el diseño de las políticas públicas.
La ciencia es un derecho humano. Sin embargo, la complejidad teórica y la amplitud de sus implicaciones han causado que el ejercicio del derecho humano a la ciencia tenga un escaso desarrollo, hasta el extremo de ser ampliamente desconocido incluso para la comunidad científica, así como para los defensores de los derechos humanos, los diplomáticos y las autoridades locales, nacionales e internacionales.
Es necesario adoptar un enfoque de la innovación y la difusión del conocimiento como bienes públicos. El derecho a la ciencia suele considerarse un medio de promover la realización de otros derechos humanos y satisfacer “las necesidades comunes a toda la humanidad”, sin embargo, es necesario comprender que el derecho a la ciencia se refiere “a la búsqueda del conocimiento y la comprensión en un mundo en constante cambio”.
Frédéric Vacheron
Representante de la Oficina de la UNESCO en México
