Con permiso o sin permiso, con leyes en favor o con leyes en contra, las mujeres abortan en todo el mundo. No importa la opinión de quienes se niegan a los argumentos legales y científicos, el aborto seguirá practicándose. La máxima feminista de que “las ricas abortan y las pobres mueren”, es cierta. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta que mil 180 mujeres hidalguenses han acudido a abortar de manera legal, segura y gratuita en la Ciudad de México, desde que se legalizó la interrupción del embarazo en la capital del país, en 2007.
¿Quiénes son esas hidalguenses que fueron a la capital a interrumpir embarazos? Aquellas que tenían el conocimiento de que en la CdMx las mujeres sí tenemos derechos humanos, y además tuvieron el dinero para pagar su transportación.
¿Y las que no sabían, o no pudieron ir a la capital del país? Ellas interrumpieron sus embarazos de manera clandestina e insalubre, murieron en una plancha o en un cuarto mugroso, o en el mejor de los casos, quedaron con secuelas de por vida.
A ellas, a las más pobres, es a quienes las diputadas y diputados hidalguenses han condenado a seguir jodiéndose.
Hubo 10 congresistas locales que sí empatizaron con su electorado más pobre, que sí mostraron conocimiento científico y de derechos humanos, y votaron en favor de la despenalización: Susana Ángeles, Víctor Guerrero, Tatiana Ángeles, Areli Miranda, María Luisa Perusquía, Rosalba Calva, Mayka Ortega, Lucero Ambrosio, Lisset Marcelino y Armando Quintanar. A ustedes, nuestro reconocimiento y compromiso.
La decisión del Congreso de Hidalgo no era aborto sí, o aborto no. Se trataba de aborto seguro o aborto clandestino y la mayoría del Congreso local votó por seguir condenando a las mujeres.
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