El 3 de septiembre de 2018 las cámaras del C4 del gobierno capitalino captan cuando un hombre carga con evidente dificultad una caja en las calles Jesús Carranza y Peñón, a unas cuadras del zócalo capitalino, para luego tirarla en un basurero improvisado en una esquina del barrio.
Antes de que los depósitos de desechos terminaran en el transporte, alguien se percata de que hay algo pesado en la caja: es un cuerpo humano en bolsas negras.
Se trata del cadáver de José Eduardo Sánchez, de 30 años de edad, quien había sido secuestrado junto a su novia Laura Alejandra Andrade, de 27, tres días antes cuando se dirigían a su casa en la colonia Martín Carrera, en la delegación Gustavo A Madero. Al plagiarlos a ella le dieron un balazo en el rostro, pero el destino de él se mantuvo en silencio hasta el hallazgo.
Las indagatorias han avanzado poco; en ese momento todo apuntaba que era el grupo La Unión el responsable del secuestro y asesinato.
La macabra escena del hombre cargando el cuerpo es solo un reflejo de lo que ocurre a unos pasos de donde está la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Desde hace años, las cuadras detrás de Palacio Nacional, hacia el Eje 1 Norte, son comandadas por los grupos criminales que, al sentirse bajo el manto de la impunidad, secuestran, extorsionan, asesinan y mutilan a sus víctimas.
El caso de Yair y Héctor, de 12 y 14 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en bolsas negras, en un “diablito” transportado por un hombre el pasado 31 de octubre, volvió a ser el recordatorio de que en esa zona no mandan las autoridades sino los criminales.
Estos dos casos descritos fueron conocidos por una casualidad y por alguna situación específica, pero en realidad esas calles son un laberinto que por las noches se convierte en terreno de fuego dado que desde hace décadas es ahí donde han vivido y se han expandido algunas de las familias que controlan el tráfico de drogas y el comercio ilegal, piratería y trata de personas.
El sexenio anterior al actual, el de la jefatura de gobierno a cargo de Miguel Ángel Mancera, la negación del problema fue lo caracterizó la estrategia, o no estrategia, del combate al crimen organizado en la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum reconoció por primera vez la existencia de cárteles que operan en la ciudad y con ello vino una avalancha de detenciones. Pero lo cierto es que detenciones no se han traducido en mayor paz o baja de delitos de alto impacto.
Comerciantes y familias de la zona reportan a esta periodista que el caso de los niños mazahuas, asesinados y descuartizados en una vecindad del Centro, es la muestra del poder que mantiene aún el grupo delictivo La Unión y su antagónico: la Antiunión. En esa zona se pelan calle por calle, incluyendo células del Cártel de Jalisco Nueva Generación que también cobran “derecho de piso” sobre las cuadras que mantienen bajo control, así como un poder absoluto como dejarse ver por las calles con las armas a simple vista sin que ninguno de los policías de proximidad les detenga o cuestione.
Dentro de las vecindades, ha quedado asentado en expedientes y cateos, aún hay casas de seguridad donde mantienen a personas cautivas, “cocinan” droga, interrogan y torturan a presuntos adversarios, y almacenan mercancía ilegal.
“Aquí tenemos que saber quién es quién, y responder ‘á sus órdenes’ al líder de la banda que tiene el poder en la cuadra”, asegura un colono cuya vivienda está entre el límite que el mapa marca entre el Centro y la Morelos.
Parecería increíble que a unos pasos de donde el Presidente dice que en este país el narco ya no tiene más el control, o de donde una jefa de gobierno asegura que las bandas criminales se han ido achicando, ocurra esta realidad.
El descuartizamiento de los dos niños mazahuas remueve las heridas de estas calles y sus habitantes, que son reflejo de las de todo un país: la violencia no se ha acabado, ni el Estado tiene el control. Las bandas criminales siguen asesinando, mutilando, y dejando cadáveres en bolsas porque pueden hacerlo, porque hay impunidad.
Es terrible saber que tenga que presentarse un recordatorio como este para ver si así las autoridades intentan mantener un discurso de que “todo va bien”, cuando bien, no va nada.
