El 28 de febrero de 2014 Alicia fue citada por la directora de su escuela, la Normal Particular Instituto Motolinia, en Morelia, para decirle que estaba expulsada. ¿La razón? Los maestros se habían dado cuenta que estaba embarazada. No le dejaron regresar a clases porque “la escuela era católica y no permitía tener estudiantes madres solteras, divorciadas, ni durante un embarazo”.
Alicia, quien cursaba el sexto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar, decidió tomar el teléfono y llamar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para contar su caso y poner una queja. El caso se investigó y el Consejo intervino llamando a la escuela y enviando oficios para solicitar se le diera acceso a la educación a Alicia, ya que lo que habían hecho con ella era un acto de discriminación.
La institución se resistió de inicio, pero el Conapred generó una resolución por disposición que obligó a la escuela no sólo a recibir de nuevo a Alicia, sino a establecer una serie de medidas para garantizar la no discriminación. Entre ellas colocar carteles sobre el tema, e incluir en su página web una pestaña llamada “cláusula Conapred” que lleva a la leyenda de no discriminación en la escuela por razones de ningún tipo, incluyendo estado civil.
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El 12 de mayo de 2015, “Raquel” envió por correo electrónico su historia al Conapred: dos meses antes, su hijo de tres años de edad sufrió un pequeño accidente por lo que recibió atención médica en un hospital de Playa del Carmen. Días después llamó a la aseguradora Inbursa para solicitar el reembolso de los gastos médicos a lo que la empresa se negó y aparte le retiró la cobertura a su niño porque tiene Síndrome de Down.
Raquel contó al Conapred que desde nació su bebé compró la póliza de seguro y dejó asentado su síndrome. La compañía alegó que sus políticas equiparan la condición del niño con una enfermedad, hecho que fue considerado como discriminatorio.
Finalmente, el consejo emitió una resolución por disposición para obligar a Inbursa a mantener protegido al niño y reembolsar los gastos por el accidente. También le señaló que no podría de ahora en adelante equiparar una discapacidad con una enfermedad por considerarse un acto discriminatorio.
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En octubre de 2010 Pedro estaba listo para entrar a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y como parte de los requisitos para su ingreso estaba el de hacerse exámenes médicos. Asistió a todas las citas de tomas de muestra y orina, y al paso de los días recibió una notificación: ya no sería contratado. ¿La razón? Una de las pruebas que le hicieron era para detectar VIH y resultó positiva. A él nunca le avisaron que le harían ese examen y menos que sería discriminado si resultaba con la infección. El caso también lo tomó el Conapred, que estudió la situación de Pedro y otros más para emitir una resolución por disposición en la que obligó a la CFE a no realizar más ese examen y no discriminar a ningún trabajador por ser positivo a VIH. En la resolución se incluyeron capacitaciones sobre el tema para sensibilizar a empleados y directivos y que no se repitiera un acto de discriminación.
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Estas son sólo tres personas de las miles que han sido beneficiadas por resoluciones de este consejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama ahora una “burocracia costosa” que “ni sabía que existía”, que solo “simulaba” que funcionaba.
A Alicia, Raquel y Pedro la existencia de este consejo les cambió la vida. Ahora tienen educación, atención médica y trabajo. ¿Esta es la simulación de la que habla el presidente? ¿Esto es para él tirar el presupuesto?
Habría que acercarle estas historias que son “el pueblo” que dice defender y cuidar y que representan casos de éxito de un consejo que desde su creación en 2003 ha luchado por la igualdad de derechos para todos: comunidad LGBT+, personas con discapacidad, VIH, mujeres, indígenas…
Emitir declaraciones como esas muestra la poca información que el presidente tiene sobre el tema y lo poco que le importa.
La idea de que el Conapred sea absorbido por la oficina de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación resulta una amenaza para todos los grupos vulnerables que llevan una lucha de muchos años para ser vistos y respetados. Representa una amenaza para la atención de algo tan importante en México y persistente, como lo es la discriminación. Representa, además, una alarma para todas las demás instituciones que en cualquier momento puedan ser desaparecidas solo porque hicieron algo que le molestó al presidente.
