El cuerpo de Martín chorrea sangre que se acumula sobre el asfalto de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Un pantalón de cuadros beige, un chaleco del mismo tono, calcetines rayados café y zapatos de ese color visten el cuerpo agonizante que, sin éxito, paramédicos intentan hacer reaccionar.
Debajo de un auto, la pistola del escolta de Martín es testigo del bullicio por el doble asesinato que se acaba de perpetrar.
Minutos atrás, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta ese lugar para disparar directamente contra Martín Rodríguez Sánchez y su guardia, un integrante de la Policía Bancaria e Industrial.
Las notas en los medios de comunicación, horas más tarde, informaron de un doble homicidio y el ataque contra una mujer que se encuentra todavía con heridas graves. El blanco: Martín Rodríguez, el dirigente del Consejo Internacional de Empresarios.
Más allá de la rimbombancia del nombre de esa asociación -a la que no se le encontraron antecedentes ni afiliados o relaciones con empresas conocidas- está la historia de un hombre que podría estar detrás de varias empresas fantasma, algunas utilizadas para desviar recursos en el sexenio del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y para mover dinero del narcotráfico, según investigaciones previas.
Rodríguez era socio de la firma Join Business Global, desde la que sus empleados crearon JJ Accounting & Legal Matters, empresa fantasma que cobró millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México por trabajos que nunca se realizaron.
En la política, los negocios y el mundo del crimen, las casualidades casi no existen.
Apenas a finales de diciembre fue vinculado a proceso Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano, y Hedilberto Chávez Gerónimo, ex director general de administración, ambos del sexenio de Mancera, por su participación en este caso.
La historia es que en 2018, justo antes de que el ahora senador Miguel Ángel Mancera dejara el cargo frente a la ciudad, se autorizó la contratación de varias empresas para unas supuestas consultorías para recuperar el Impuesto sobre la Renta retenido a trabajadores. La suma por estos contratos, que ahora sabemos fueron a dar a empresas fantasma, fue de 986 millones de pesos.
En 2018 llegaron a las manos del equipo de reporteros con los que yo trabajaba los documentos que demostraban una de esas transacciones y la historia fue publicada en La Silla Rota por la pluma de Paris Salazar.
Se trataba de una de tantas anomalías y desvíos ocurridos en ese sexenio gris que fue el de Miguel Ángel Mancera, un hombre que ahora vive del sueldo de los mexicanos como senador de la República.
Aunque 23 ex funcionarios de su administración estén siendo investigados por diversos actos de corrupción, y algunos detenidos ya, el político y ex procurador de la Ciudad de México parecería intocable.
No es solo el caso de estas empresas fantasma para supuestas asesorías millonarias lo que carga sobre su espalda del pasado. A esto habría que sumarle la historia del “Cartel Inmobiliario”, un esquema en el que sus funcionarios en temas de vivienda construían de manera secreta edificios y departamentos violando las reglas ambientales y de desarrollo urbano. Esta investigación fue revelada también en La Silla Rota en 2018 y, aunque hay funcionarios que están siendo indagados, no se ha llegado al máximo responsable de que este sistema de tráfico de influencias y conflicto de interés persistiera.
Tampoco hay que olvidar cómo millones de pesos que estaban destinados para la reconstrucción tras el sismo de septiembre de 2017 se quedaron en manos de una empresa ligada al hermano del funcionario responsable de esta tarea, Édgar Tungüí, quien es buscado por la justicia, una justicia que una vez más no ha volteado a ver al líder de la pandilla.
Durante esa administración también ocurrió el favoritismo a empresas consentidas del gobierno como grupo Kosmos, que pasó de vender la comida para reos de los penales locales a alimentar a personal del Metro de la Ciudad de México y obtener contratos millonarios con sobreprecios e irregularidades.
Otro caso es el del enriquecimiento ilícito de los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez, incondicionales del hoy senador por el PRD. Los tres crecieron juntos y tienen un vínculo más allá de lo profesional: pocas decisiones pasaban por la oficina del ex jefe de gobierno sin que ellos estuvieran involucrados desde sus cargos de Secretario Particular y administrador de la Central de Abastos, respectivamente. A ambos la Fiscalía les mantiene una carpeta de investigación debido a que omitieron reportar en sus declaraciones varias propiedades que suman 30 millones de pesos. ¿De dónde obtuvieron el dinero para comprarlas? Y, una vez más… ¿por qué no se investiga a Mancera?
El asesinato de la colonia Nápoles nos recuerda las historias oscuras de un sexenio que dejó a la Ciudad de México en el desfalco y el abandono sin que aún sean castigados todos los responsables.
*Periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia
