El pasado lunes 6 de diciembre el Episcopado Mexicano (CEM) hizo un “Urgente llamado [público] al Gobierno de México”. La respuesta, al menos pública, fue de silencio. Un llamado a “cumplir compromisos” en el tema migratorio, que tres días después mostró uno de sus múltiples rostros de dolor: el fallecimiento de 55 migrantes Centroamericanos hacinados en una caja de tráiler que “no fue detectado” en al menos tres puntos de revisión migratoria desde la frontera de México con Guatemala hasta casi llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Si observamos los posicionamientos históricos de la CEM, de los obispos mexicanos como grupo, éste destaca por el señalamiento directo de responsabilidad: “El Gobierno Federal, en efecto, ha incumplido con los compromisos realizados con las personas migrantes para sus traslados y regularización migratoria” (ver: https://bit.ly/3GGcEwG).
Y no es para tanto, si alguna institución ha estado con los migrantes desde hace más de 30 años tanto en Chiapas como en Baja California, han sido grupos e instituciones religiosas católicas, como la Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo, conocidos como Scalabrinianos (https://bit.ly/3dGL6uZ), que tienen como carisma la atención de la movilidad humana; aunado a ellos las diócesis de esos lugares, laicos y religiosas y sacerdotes.
La CEM, a través de su Consejo de Presidencia expuso la situación de personas migrantes que “ha llegado a tomar una dimensión y complejidad alarmantes” en Tapachula, Chiapas; aunque ahora, con la “decepcionante notica” de que el Gobierno de México reanudará el programa “Quédate en México”, el cual, recuerdan, “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”.
Los obispos, destacan que “la responsabilidad y obligación son muy claras: corresponde al Gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas”.
Mientras tanto, el Gobierno Federal, a través del titular del Ejecutivo, no sólo ignoró públicamente este llamado, sino que fiel a su estrategia, lanza señuelos distractores mediáticos. La irresponsabilidad, como el silencio, también adquiere rasgos de criminalidad.
Rubén Alonso
Twitter: @jrubenalonsog
