El Senado de la República dilata la elección de comisionados para el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego, el Ejecutivo federal los veta; a la par, mantiene “incompletos” 17 Tribunales Electorales locales en igual número de entidades; en tanto, en la Cámara de Diputados, a marchas forzadas y con dudas razonables de parcialidad en la “selección” de candidatas y candidatos finalistas para integrarse al Instituto Nacional Electoral (INE).
Tres campos de autonomía, sin considerar otras que han pasado por situaciones similares, han sido sometidas a un proceso de inanición estructural, o bien, de abordaje, a partir de 2019. Elemento común en las señaladas, junto a otras “abordadas” desde el poder público, es su carácter autónomo desde la Constitución. Instituciones que surgieron por reclamos ciudadanos en temas sensibles para que desde fuera de las estructuras de Gobierno pudieran ejercer funciones en condiciones de libertad y desde la especialidad.
La lista de instituciones (organismos constitucionales autónomos) es amplia: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (Banxico), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La actual Administración, como parte de la contra reforma educativa, sólo pudo desaparecer legalmente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que sólo tuvo seis años de “autonomía”.
Mención aparte, muerto en vida, es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “anulado” anulando la participación ciudadana que se da a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
La actual Administración, desde su arranque, impuso una narrativa de descrédito en contra de las instituciones autónomas, incluso dejó entrever su intención para integrarlas y asumirlas desde el gobierno: el INAI, el IFT, por mencionar las más señaladas.
La desaparición de estas instituciones como organismos autónomos implica reformas constitucionales. Sólo se logró con el naciente INEE. En cambio, la ruta para el resto ha sido en varios sentidos, según la oportunidad y naturaleza específica: una vía de “abordaje” incorporando incondicionales que a la postre terminan minándolas desde dentro, como es el caso de la CNDH y ahora está en esa tesitura el INE con la elección de la Presidencia y dos consejeras y/o consejeros.
Los Tribunales Electorales, por su parte, los han puesto en el límite de la inoperatividad con integración mínima. En vísperas de procesos electorales locales y el federal, pues además de los locales hay salas regionales del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación operando con lo mínimo, la justicia electoral puede entrar en crisis.
El caso del INAI, ahora, resulta más que preocupante, pues pareciera que la elección de dos comisionados mediante el reparto de cuotas (una comisionada vinculada al PAN y otro a Morena, Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alvizo, respectivamente), fue intencionada para que el Ejecutivo las vetara (objetara) y así llevar al instituto a su parálisis.
El próximo primero de abril el pleno de comisionadas y comisionados del INAI quedará con cuatro integrantes. Si esta semana el Senado de la república acuerda la elección de los dos integrantes luego de que fueron vetados la y el elegido, deberán esperar diez días para entrar en funciones en tanto transcurre el plazo legal que tiene el Ejecutivo federal para vetar (objetar) o no la elección/designación.
Sin embargo, la y el elegido vetado podrían recurrir al amparo y de proceder, en tanto se resuelva, la inactividad del INAI se prolongaría.
La inactividad del INAI al no poder sesionar el pleno del organismo conllevará la conculcación de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales en todo el país. Sin posibilidad de sesionar el pleno del INAI, no podrán resolverse recursos de acceso a la información, de protección de datos personales y de transparencia (cuando no se publica la información fundamental); y a la par el daño tendrá efectos locales, pues el INAI opera como “segunda instancia” cuando ciudadanas y ciudadanos se inconforman por resoluciones de los organismos locales de transparencia, o cuando el propio INAI atrae motu proprio casos locales que estima de trascendencia.
Una salida ante esta situación será que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante petición expresa del pleno del INAI, conceda una medida suspensoria que posibilite al organismo garante operar (sesionar y resolver) con cuatro integrantes.
Esta semana, así, será crucial: la elección de consejeras y consejeros del INE, el futuro operativo próximo del INAI, y el comienzo de una ruta para completar la integración de tribunales electorales. De esto último, el Senado tendría hasta el 30 de abril, cuando termina el segundo periodo de sesiones.
Pero no perdamos de vista Jalisco. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITEI), ya tiene más de un año en situación “atípica”, por no decir forzada de operación, ante la judicialización de la elección de la Presidencia del organismo.
Twitter: @jrubenalonsog
