El próximo jueves 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, cuyo tema para este año es “la importancia del espacio en línea para el acceso a la información”, abordándose desde distintos frentes, principalmente desde la interrupción parcial, total, temporal su acceso desde empresas, pero principalmente des los estados en momentos críticos para “silenciar” la comunicación y la disponibilidad de información.
“Entre 2016 y 2023, se reportaron 1,198 cortes de internet en 74 países. Globalmente, todas lasregiones han experimentado múltiples cortes, pero la mayoría de los reportados ocurrieron en Asia y África. Lainformación más reciente proporcionada por la ONG líder Access Now muestra que, en 2022 hubo 187 cortes deInternet en 35 países”, señala la UNESCO (ver corte de Access Now más reciente: https://bit.ly/3PO5U7C).
Y advierte la UNESCO: “La creciente interdependencia entre el acceso a internet y la resiliencia democrática significa que la falta de accesoa internet y, de facto, la falta de acceso a la información, socavarán la capacidad de las personas para ejercer susderechos democráticos e inhibirán a las instituciones para cumplir sus funciones, incluido en el contexto de laselecciones”. (ver “Nota conceptual para la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información (DIAUI) 2023” https://bit.ly/45kRj8l)
En 2022, Acces Now, con más de 300 organizaciones de la sociedad civil, monitorearon y documentaron los cierres, interrupciones de acceso y disponibilidad de internet en 18 países considerados de “riesgo” para el ejercicio de libertades. Acces Now alerta: “Los cierres [de internet] relacionados con las elecciones impiden que los votantes accedan o compartan información esencial, disminuyendo la Equidad, credibilidad y transparencia de elecciones. Pueden empoderar a los regímenes en el poder para controlar la narrativa durante todo el período electoral, socavando la capacidad del electorado para tomar decisiones informadas, acceder a los recursos electorales y dar forma completa al futuro de su nación”. (ver: https://bit.ly/3RyQx3Z).
El proceso electoral federal 2023-2024 ya arrancó, los procesos locales en las entidades federativas están a punto. 2024 será una “elección general” nacional y en gran parte del país subnacional. La generación, distribución y acceso a información será clave, como en momentos en que el acceso y retención del poder público está en juego; y si sobre esto consideramos “controles” sobre la vía de acceso a la información (internet), la democracia caería en entredicho. Si de por sí, moderadores y curadores de contenidos de por sí conducen, concentran e incluso manipulan el diálogo y debate público con “inversiones” que superan a cualquier institución pública y garante de democracia y acceso a la información, ahora con plataformas operadas con inteligencia artificial, el escenario a la vista es desolador, frustrante.
¿Qué se puede hacer? ¿Competir en el mismo terreno y recursos para hacer frente a la desinformación y manipulación del debate público? Considero que será lucha perdida de entrada. Habrá que considerar, mejor, la construcción de espacios de información referentes en que ciudadanas y ciudadanos tengan faros en medio de la tormenta desinformativa.
¿Quiénes podrían y/o deberían constituir esos espacios de información de referencia, confiable?: instituciones públicas autónomas, medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
En 2018 surgió Verificado para identificar “noticias falsas” mediante una alianza de medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. Previamente, un año antes, se armó un medio de comunicación en línea “Verificado” que señala está “basado en el periodismo de investigación y verificación de datos”.
Por potra parte, en marcha está la propuesta de “Decálogo de Derechos de las Personas Usuarias de Redes Sociodigitales” promovido por Tlatelolco.Lab (Laboratorio Digital para la Democracia), coordinado por John M. Ackerman como parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Libertad en la UNAM y financiado por Conacyt (ver: https://bit.ly/464Ulyn). La propuesta va más allá de una coyuntura electoral, implica modificaciones a diversas normas que requieren ser discutidas y desarrolladas con mayor amplitud: la libertad de expresión, así como su comprensión más amplia, derecho a la información, está en juego (ver: México: un Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales o una receta para la censura. https://bit.ly/454oBIz).
Sin negar que un ejercicio y labor periodística puede desarrollarse como “verificador” de información, no hay que perder de vista que el periodismo, en sí, debe y requiere realizarse con información verificada, corroborada, contrastada, contextualizada y con sus respectivos antecedentes. Si un trabajo periodístico requiere que sea verificado, entonces lo que se verifica no sería y no cumpliría con lo mínimo de información periodística.
Pero, ahora el problema no es que se difundan y repliquen datos falsos; ahora el problema de fondo es que, con datos ciertos y verificables, se construyen y difunden historias (llamadas narrativas) creíbles, verosímiles, que, para el común de lectores, televidentes, radioescuchas, consumidores de contenidos a través de plataformas digitales son una explicación sobre lo complejo y contradictorio de la realidad.
Por lo anterior, de cara a los procesos electorales en curso y puerta, medios de comunicación (periodistas), instituciones autónomas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, podrían construir y ser “faros” de referencia frente a información imprecisa, falsa, descontextualizada, manipulada, sesgada, sin quedarse sólo en “verificar” datos.
