A muchas familias en la Revolución les arrebataron su patrimonio y quedaron en la indigencia, nos platicaban mi bisabuelo, Serapio de la Garza, y mi abuelo, Luis de la Garza Acuña, originarios de Tula, Tamaulipas, donde tenían sus haciendas El Coronel y La Hincada.
Mi abuelo, sobrino del poeta Manuel Acuña, quedó en la total pobreza; le habló mucho a mi padre de la dureza de esa situación y la importancia de respetar la dignidad de cada ser humano.
Al contarnos estas historias, mi padre nos hablaba de la opresión y la pobreza que atormentaron a tanta gente en esa época. Él nos pedía que no permitiéramos que nadie abusara del vulnerable, que nunca más nadie sometiera al humilde.
Hace dos semanas, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, nos invitó a participar en la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, en la que pudimos exhortar respetuosamente a las autoridades a realizar acciones para avanzar contra este delito.
En este viaje tuve la oportunidad de visitar Tula, ahora convertido en un hermoso Pueblo Mágico, y conversar con la magistrada Mariana Rodríguez, una mujer valiente que tiene un gran compromiso por abolir las formas análogas a la esclavitud en Tamaulipas. Fue gratificante visitar la tierra de mis ancestros y encontrar que ya se está trabajando para que, como mi padre nos pedía, nadie sea oprimido.
En este mes patrio hay que recordar nuestra historia. Los héroes de la Independencia buscaban la libertad del pueblo para gobernarse por sí mismo, sin depender de ninguna nación extranjera. Miguel Hidalgo, adelantado a sus tiempos, declaró la abolición de la esclavitud en 1810.
Cien años después, muchos hombres, desde hacendados hasta los más humildes campesinos, buscaban el fin de una dictadura que había permitido la esclavitud y el empobrecimiento del pueblo.
Hoy nos corresponde seguir la lucha por la libertad y condenar actos como el sucedido en Coahuila, donde menores de edad eran explotados en granjas de ProKarne.
El gobierno de Coahuila fue firme en su voluntad de proteger a niños y niñas. Liberó a las víctimas de trata de personas de este caso y llevó ante la justicia al dueño de ProKarne, Óscar Lozano.
Este caso nos muestra una vez más que la falta de educación y oportunidades, la pobreza y la violencia, así como la falta de empatía y la discriminación vulneran a quienes las sufren y los ponen en grave riesgo de ser víctimas de trata. Asimismo, este flagelo evidencia que gobierno y sociedad hemos fallado en garantizar los derechos fundamentales de nuestra gente.
En Sonora se ha suscitado otro de estos abusos, donde el principio del interés superior de la infancia se desdibuja por el atroz crimen de robar hijos a personas en condición de pobreza o necesidad para venderlos como si fueran mercancía, amparándose en una interpretación errónea del derecho de los niños a tener familia.
La adopción ilegal de personas menores de 18 años es considerada, a decir del artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, una de las formas de explotación en las que se comete este delito.
En su artículo 27, la ley señala que se impondrá pena de tres a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al que entregue en su carácter de padre o tutor, o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de 18 años, y amplía la protección de los niños al señalar que en todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.
Cuando sabemos que una pareja adopta, suponemos que son personas bondadosas que anhelan dar al bebé un hogar. Sin embargo, esto cambia totalmente cuando aparece la ganancia monetaria ilícita de otras personas que utilizan su poder y autoridad sobre los menores y se aprovechan del deseo de las personas por ser padres para crear negocios que mercan con la vida de las personas.
Las investigaciones del caso Sonora muestran que las autoridades señaladas buscaban gente vulnerable que tuviera hijos "por descuido" o, bien, gente cuya pobreza o ignorancia permitieran quitarles a sus hijos con el pretexto de que estarían mejor en manos de otros.
Historias como la de Iris forman parte de este caso. Se juntó con un hombre con el que procreó a una pequeña, pero por sus problemas con las adicciones descuidaron a la menor, al grado de ni siquiera tenerla registrada, lo cual fue aprovechado por personas como el licenciado Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien se ostentaba como el coordinador de la línea Protege, de la Procuraduría de la Defensa del Menor.
Con el argumento de darle una "mejor vida" a la niña, Arzate Carbajal cometió un ilícito al desaparecerla, pues nunca llegó a un albergue. Hoy la madre (rehabilitada), la tía y la abuela (hermana y madre del padre) la buscan.
Arzate Carbajal les aseguró que la pequeña había sido enviada al Unacari, donde les informaron que no fue así. El licenciado Carlos, presunto funcionario del DIF, se llevó a la menor de casa de los vecinos de Iris.
Las preguntas obligadas son: ¿qué y cómo sucedió? ¿Cómo es posible que los niños desaparezcan aun bajo el cuidado de las autoridades mencionadas? ¿Dónde está la garantía de protección y el derecho de estos pequeños a la salvaguarda de su persona?
Hay alrededor de 20 personas involucradas en esta venta masiva de bebés, entre quienes destacan Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Hernández López. Fueron detenidos, pero lograron su libertad por la tibia respuesta de la procuraduría de Sonora, que, pese a la gravedad del caso y a la indignación nacional, actuó con indiferencia, pues no ha tipificado el caso como trata de personas.
Hay madres y padres que hoy están esperando que les regresen a sus hijos, que fueron vendidos como objetos. Hay padres adoptivos que, sin saberlo, compraron hijos que no les correspondía tener. Éstos ya han creado un vínculo con los niños, lo cual causará un grave daño a los menores. La tragedia es grande y sigue en espera de justicia.
Ante ello exigimos una investigación a fondo. La ley castiga tanto la acción como la omisión, por lo que también deben responder las autoridades que, sabiendo de este crimen, lo permitieron.
Exigimos que se averigüen todas las conexiones de esta red, sin importar el cargo de los involucrados. No se debe politizar: ha ocurrido un delito de grandes dimensiones y por respeto a los cientos de víctimas debe pisar la cárcel quien sea culpable. Queremos que se asiente un precedente, porque de no hacer justicia en Sonora, ningún niño o niña estará seguro en este país.
Querido lector, este mes no solo recordemos nuestra historia, sino también seamos parte de ella. Nos toca luchar por la desaparición total de la esclavitud y por la libertad, en especial la de nuestros niños y niñas. Busquemos que se respete de verdad el interés superior de la infancia. Amemos a nuestro país y trabajemos por él.
Para denunciar marca al 018005533000 o escribe a www.unidoshacemosladiferencia.com, y recuerda pegar una hoja en blanco en tu coche, ventana o puerta para apoyar la campaña #HojaEnBlanco #NoMásEsclavitud.
Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata
