El 22 de diciembre de 1997 hubo una matanza de 45 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó en la región de los Altos de Chiapas. Fue a mansalva, eran indígenas tzotziles de la organización Las Abejas mientras oraban en una capilla. El gobierno federal de Ernesto Zedillo declaró que la masacre era resultado de un conflicto étnico entre comunidades (su “verdad histórica”); pero las organizaciones indígenas y grupos defensores de derechos humanos la consideran un crimen de Estado. Las Abejas sostienen que Emilio Chuayffet Chemor, entonces titular de la Secretaría de Gobernación, estaba al tanto de la perpetración del crimen y no hizo nada para detenerla. La matanza fue organizada por un grupo paramilitar, de los que tanto abundan actualmente en el sur mexicano como brazos armados de los cárteles de narcos, en complicidad con el gobierno. Chuayffet Chemor años después fue premiado como titular de la Secretaría de Educación Pública, y según Porfirio Arias Hernández, presidente de Las Abejas, declarando en diciembre del 2012, Chuayffet “debería estar en la cárcel –junto con Ernesto Zedillo– y no en ese cargo, porque es uno de los autores intelectuales de la masacre”. Esta matanza fue un crimen de Estado en contra de los pueblos indios integrantes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la insurrección del primero de enero de 1994. Desde hace 23 años México se ha convertido en un país putrefacto por su hiperviolencia social, profunda corrupción e impunidad política, creciente pobreza y desigualdad social, pérdida de soberanía, etcétera, pero esta situación jamás ha sido producto del levantamiento neozapatista, sino por el capitalismo salvaje con sus políticas neoliberales oligárquicas desde mediados de los años ochenta.
Los demonios andan sueltos, desde entonces. La sucesión de tragedias, de acontecimientos espantosos, han continuado inevitablemente. La hiperviolencia social hace 23 años no era perceptible en el país y México se convirtió en una fosa común. Es un país de centenas de miles de asesinados y desaparecidos, como los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Este 25 de diciembre de 2016 padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hace 27 meses concluyeron la Caravana por la Memoria y la Esperanza, con su ingreso a la Ciudad de México. “Desde aquí le decimos al presidente Enrique Peña Nieto que ya nos entregue a nuestros hijos; si nuestros hijos deben algo, que se les investigue, pero llevamos tres navidades sin ellos”, mencionó Epifanio Álvarez, padre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava. El martes 27 de diciembre de 2016 los padres de los 43 desaparecidos lamentaron el maltrato recibido en la Basílica de Guadalupe. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el arzobispo electo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, oficiaron una misa en la Basílica, en la cual los prelados los conminaron a seguir luchando para encontrar a sus hijos. “Al concluir la misa, Mario González, padre de César Manuel González Hernández, Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, y Vidulfo Rosales, abogado de los padres, indicaron que sólo les fue asignada una capilla y no el altar mayor del templo, que a los obispos no se les proporcionó micrófono para oficiar la ceremonia y que estuvieron custodiados permanentemente por personal de seguridad de la Basílica y por cuatro policías federales”. Ni en Gobernación los tratan con desdén. Eso sí, la burocracia eclesiástica, cual vulgar mercader, ofrece servilmente el altar mayor a Televisa.
Casi cuatro años antes de Acteal algunos pueblos indígenas de Chiapas: tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y zoques integrantes del EZLN se levantaron en armas contra el gobierno federal enarbolando las consignas de lucha: por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Para lograr el cumplimiento de estas demandas básicas del pueblo indígena y de todos los mexicanos, manifestó el EZLN, es necesario formar un gobierno de nuestro país libre y democrático. En ese momento se preguntaron y afirmaron: “¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo”. Después de 22 años, este próximo 1 de enero, en tierras zapatistas, el Congreso Nacional Indígena (CNI) dará a conocer sus resolutivos sobre la postulación a las elecciones de 2018 de una mujer indígena como candidata independiente a la Presidencia de la República. El 14 de octubre hicieron público un manifiesto: “Qué retiemble en sus centros la Tierra”, en el cual sostienen firmemente que su lucha es abajo y a la izquierda, que son anticapitalistas y afirman que “el mal gobierno mexicano sigue mintiendo y tratando de ocultar su descomposición y responsabilidad absoluta en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero… Es necesario detener la tempestad y ofensiva capitalista que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido en una amenaza civilizatoria”. Lo más importante del manifiesto es la designación de una mujer indígena como candidata independiente para ir desmontando “desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción”. Tal candidatura clasista, plebeya, no está representada por ninguno de los partidos registrados, pues ninguno enarbola los intereses históricos de las masas oprimidas y explotadas. Se trata de luchar por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular para tener una nación digna y soberana ¡Urge construir “la esperanza de un futuro posible únicamente sobre las ruinas del capitalismo”!
