Hace más de una década pregunté a un Rector de UAdeC, por qué no había una escuela de psicología en Torreón; respondió: “porque otras universidades ya ofertan esa carrera”; obviamente el Rector no entendía la función de la universidad pública y la educación gratuita, al asentar su razón en un criterio mercantil y no de justicia social, al condenar a los padres de familia a pagar colegiaturas a sus hijos que se inclinaran por esa profesión.
Traigo a colación este comentario por otro asunto relacionado con los panteones públicos, porque el día de ayer 30 de enero, se cumplieron 164 años de la promulgación hecha por el presidente Ignacio Comonfort de la Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios, complemento de la Ley del Registro Civil que se promulgó tres días antes, con las cuales el estado mexicano daba por terminado el dominio y control de la Iglesia católica sobre esta última fase del ciclo vital de los nacionales que se implantó desde la época del virreinato de la Nueva España y a través de prácticas poco humanas como el dar o negar por ejemplo la unción y la sepultura según juzgara el párroco o cura había sido el comportamiento del fallecido ante sus obligaciones para con la Iglesia, y que también ocurría con otros sacramentos como el bautismo y el casamiento, a fin de tener control y dominio sobre las almas y los cuerpos, cosa que terminó la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia.
Como se eliminó la inhumación dentro de los templos, por la cual se cobraba bastante y se expropiaron los camposantos, las leyes solo regularon los asientos civiles y manejo de los cuerpos, no hubo especificación de quién era la responsabilidad de crear cementerios públicos.
Fue la Constitución de 1917, que en su artículo 115 estableció esa responsabilidad a los municipios, quienes están obligados a establecer panteones para los ciudadanos comunes con un claro sentido social.
En Torreón, hace décadas que los panteones municipales están saturados, sin que las autoridades hayan promovido la apertura de nuevos panteones u otras alternativas para quienes no tienen los recursos de pagar un servicio privado que cuesta un ojo de la cara.
Así al no cumplir con esta obligación, condena a la ciudadanía, más a la de pocos recursos, a veces a vender propiedades para dar sepultura a sus muertos.
Injusta omisión.
