Se cometen delitos y nadie los castiga. Uno de los problemas principales que enfrenta actualmente la sociedad mexicana es el de la impunidad. Como, además, el presidente de la República y sus acólitos ya han dicho claramente que las leyes y su aplicación no son un tema prioritario, queda claro que lo importante para ellos no es responsabilizar y eventualmente penalizar a quienes han incurrido en faltas o delitos.
No se si esa sea la razón por la que no hay prácticamente nadie en la cárcel por corrupción o por delitos asociados. La única persona conocida que sigue allí (más allá de su inocencia o culpabilidad) es Rosario Robles, quien para todos efectos prácticos es más bien una presa política. El asunto no es nuevo, pero ciertamente se ha agravado en este gobierno.
La gente se muere por actos de negligencia, pero se ha hecho costumbre que los responsables de diversas áreas de la administración pública, simple y sencillamente se declaran “irresponsables”. El mejor ejemplo de ello es la actual directora del Metro con su famosa declaración: “Sólo soy la directora del Metro”. Lo mismo podría decir el presidente de la República. Como cuando Fox dijo: “¿Yo, por qué?”.
Lo curioso es que, para tomar decisiones unilaterales los funcionarios se pintan solos; pero a la hora de asumir responsabilidades cuando hay algún desastre, inmediatamente buscan responsabilizar a alguien más o incluso encuentran chivos expiatorios. Pocos, muy pocos, son los servidores públicos que aceptan sus errores y enfrentan sus consecuencias.
La renuncia, entregada voluntariamente o exigida por sus superiores, es el principal instrumento con el que se asume esa responsabilidad. Pero muchas veces no es suficiente. Por ejemplo, un policía que provoca la muerte de un inocente debe ser inmediatamente suspendido, mientras se hacen las averiguaciones importantes. Si de éstas se desprende que la responsabilidad es mayor, entonces se puede proceder a otras responsabilidades, administrativas o penales. Lo mismo, en principio, debe suceder con cualquier otro servidor público. Y, sin embargo, no sucede así. Entre más alto el cargo, menores son las probabilidades de que se proceda en su contra. En una democracia, sin embargo, la idea es que no hay nadie por encima de la ley.
Si aplicamos estos principios básicos al “incidente” de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, la solución debería ser simple. “Alguien” de entrada debería hacerse responsable y presentar su renuncia. Ebrard fue inteligente y se puso a disposición de las autoridades, sabiendo que difícilmente lo tocarán, pues el manto presidencial cubre a los fieles e incondicionales. La jefa de Gobierno afirmó que se investigará, pero un resultado justo se ve difícil de alcanzar, siendo ella una de las posibles responsables.
El problema es que el presidente de la República, al ser el principal responsable de lo que sucede en el país, no sólo evade su responsabilidad, sino que no está dispuesto a que alguien más la asuma. Estamos entonces en el país de los irresponsables. Y cuando no hay responsables, entramos de lleno al terreno de la impunidad. Asunto al que el pueblo bueno ya está acostumbrado.
Roberto Blancarte
