El pasado viernes se realizó en San Pedro Tlaquepaque la séptima sesión de la serie de diálogos metropolitanos que viene realizando la Comisión de Zonas Metropolitanas de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y el primero organizado en colaboración con El Colegio de Jalisco conforme al Convenio firmado. Esta sesión se dedicó a reflexionar sobre los desafíos del cambio climático en las metrópolis mexicanas.
Más allá de la invitación a “pesar global y actuar local” cuyas implicaciones inmediatas pasan por poner a prueba las premisas teóricas de la gobernanza metropolitana a partir del fortalecimiento de mejores prácticas democráticas sobre el territorio, para avanzar hacia un proceso de coordinación entre gobiernos y sociedad que, asemejando a un pasillo estrecho, nos aseguren una “democracia anticipatoria, esa que crea espacios de análisis y deliberación para estudiar escenarios de futuro, y que pone el foco en gobernar la incertidumbre para protegernos contra el miedo” (Cristina Monge, CLAD, 2021); las lecciones inmediatas surgidas de este diálogo, apuntan a la superación de ideas y premisas que parecen haber estancado el debate político entre al menos dos visiones: aquellas que desdeñan a las nociones teóricas de la gobernanza, bajo el argumento de ser legitimadoras de un gobierno producto de acuerdos cupulares capaces de imponer un orden metropolitano no democrático; y aquellas otras creencias más bien ancladas en nociones pasadas que apelan al restablecimiento de instrumentos ya inexistentes, como el fondo metropolitano, por ejemplo.
Ambas visiones resultan fatídicas para la altura de miras que debe regir al debate político actual: las primeras, por la vía de alimentar la desesperanza sobre una acción colectiva capaz de no dejar a nadie fuera; las segundas, por la vía de truncar nuestra capacidad de imaginar y explorar otras alternativas frente a la inminente crisis climática.
El efecto más pernicioso de este estancamiento del diálogo político está a la vista de todos: la insuficiencia de coordinación entre gobiernos para imponer una gobernabilidad sobre el territorio para superar al miedo colectivo.
