La concesión de la basura a la empresa Caabsa Eagle otorgada por el Ayuntamiento de Guadalajara fue el resultado de la valoración que, en su momento, realizaron las autoridades municipales, persuadidas por las ideas y valores –el de la eficiencia administrativa con particular énfasis– promovidos hacia finales del siglo pasado por la Nueva Gestión Pública en diversos ámbitos de la administración pública mexicana. La fórmula permitió entonces al ayuntamiento lo que en la literatura suele hoy llamarse “externalizar”, “terciarizar” o “subcontratar” los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos que, por mandato constitucional, le corresponden prestar a los ayuntamientos.
El recién anunciado programa emergente lanzado por el gobierno de Guadalajara para regularizar la recolección de basura en sus colonias como respuesta al reiterado incumplimiento por parte de la empresa concesionaria y la eventual negativa para renovar la concesión a la empresa prestadora que termina en diciembre del próximo año (Notivox JALISCO, 12 de mayo), es signo inequívoco del fracaso de una relación entre autoridades y concesionaria que se fue erosionando con el trascurso de las administraciones municipales, alejándose cada vez más de su sentido original.
Para el caso particular de Guadalajara, la eficiencia en la gestión de estos servicios municipales enfrenta un mayor nivel de complejidad por su indiscutible condición de transterritorialidad impuesto por su entorno metropolitano. De ahí la insistencia del actual presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, para avanzar hacia un modelo coordinado de gestión de la basura a escala metropolitana.
Por lo pronto, el actual diferendo prevaleciente entre las autoridades municipales y la empresa concesionaria permite ilustrar la relevancia social y económica que tiene distinguir entre los procesos de alternancia política que son deseables bajo un régimen de competencia democrática, y la obligada continuidad que debe observarse en la prestación de los servicios y funciones públicas municipales, como condición indispensable para sostener su calidad a lo largo de los años.
