Entre las diversas noticias que lamentablemente pasaron desapercibidas para la opinión pública se encuentra la conclusión de la consulta a la ciudadanía que se realizó entre el primero y el 22 de julio pasados, a través de medios virtuales, para conocer la opinión de los jaliscienses sobre las causas de la corrupción y las estrategias para su control.
Ciertamente la consulta se concretó, específicamente, a identificar las preferencias sobre los cuatro ejes estratégicos determinados por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco y que, evidentemente, se encuentran estrechamente vinculados con las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, aprobada por el Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 2020.
Tales estrategias son cuatro y tienen que ver con promover la integridad y ética pública; impulsar la participación social efectiva en el Gobierno; disminuir la arbitrariedad en la gestión pública y combatir la impunidad.
No obstante, me parece lo que vale la pena destacar del ejercicio es que se mantiene el interés ciudadano en los asuntos relativos a las políticas anticorrupción, ya que no únicamente se manifestó a través de las 3 mil 559 respuestas recibidas en esta ocasión; sino también, en las 2 mil 392 opiniones que aportaron los jaliscienses durante la consulta virtual realizada durante el año 2018 sobre lo que, entonces, se planteó como propuesta de la Política Nacional Anticorrupción.
Otros datos estadísticos que contribuyen a revalorar la importancia de la e-consulta ciudadana tienen que ver lo mismo con la extensa representación territorial alcanzada por las respuestas recibidas de 114 de los 125 municipios de la entidad; que su equilibrio en términos del género de los participantes: del total de las respuestas recibidas 50.4 por ciento fueron de mujeres y 47.9 por ciento fueron hombres; así como por su pertenencia: mientras que el 42.2 por ciento de los participantes manifestaron su pertenencia al sector público estatal o municipal, el 57.8 por ciento lo hicieron como particulares.
