La ratificación de Mario R. Silva Rodríguez como director general del Instituto Metropolitano de Planeación por cuatro años más definitivamente constituye una muy buena noticia para la consolidación de la agenda de coordinación gubernamental, que se viene impulsando por parte de las autoridades municipales que conforman actualmente el Área Metropolitana de Guadalajara junto con las autoridades estatales y federales.
Tal acontecimiento constituye una magnífica oportunidad para reflexionar sobre el camino andado en materia de coordinación metropolitana. Ciertamente resultan relevantes los logros alcanzados lo mismo en la formulación y actualización de instrumentos de planeación metropolitana que en la concreción de proyectos estratégicos para la movilidad metropolitana, así como el andamiaje de colaboración y diálogo intermunicipal alcanzado y que, a decir del propio Mario Silva, constituye el corazón de la coordinación metropolitana.
Sin demérito de estos logros, vale la pena abrirse un espacio para reflexionar sobre aquello que ha resultado insuficiente o de plano no se ha hecho bien. De entre los diversos temas que conforman actualmente la agenda metropolitana, la gestión integral del agua constituye el mejor ejemplo para ilustrar el camino que aún falta recorrer en materia de coordinación metropolitana.
Hoy nadie discute la naturaleza transterritorial del ciclo del agua que impone necesariamente una gestión intergubernamental del vital líquido, que se expresa lo mismo en la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo federal con la población afectada con la puesta en operación de la presa el Zapotillo (Notivox JALISCO, 29 de julio), que en las medidas de remediación y apoyo ofrecido por el gobierno estatal en coordinación con las autoridades de los municipios, cuyas poblaciones ha resultado severamente afectadas por el desbordamiento de diversos cuerpos de agua motivados por el atípico temporal de lluvias a causa del cambio climático. Por ello, bien harían las próximas autoridades municipales por comenzar a evaluar coordinadamente sus capacidades sobre aquellos servicios públicos que le son constitucionalmente competentes.
Roberto Arias
