La semana pasada se dio a conocer la aprobación por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de la actualización de Tablas de Valores que emplean los Ayuntamientos para definir el cobro del impuesto predial, una medida que implicará un incremento impositivo en al menos 115 de los 125 municipios de la entidad (Mural, 20 de octubre).
A decir de la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Claudia Salas, dicho incremento “oscila entre un 4 y un 9 por ciento de aumento (…) hay algunos Municipios que sí fueron hasta el 15 y uno solo, que es el caso de Jesús María, que se fue hasta 43 por ciento ¿por qué?, porque tiene rezago en materia de actualización.” (Mural, 20 de octubre).
Si bien el tono de la nota periodística enfatiza el impacto en los contribuyentes para el próximo año, lo cual es cierto; vale la pena subrayar el trabajo de concertación con las autoridades municipales que está detrás de la iniciativa, según dio cuenta la propia diputada Salas durante su participación en el Seminario organizado con motivo de los 40 años de la reforma municipal por el CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos A.C. y El Colegio de Jalisco.
Si bien aún están por verse las evidentes implicaciones que esta iniciativa en particular, supondrán para el conjunto del régimen impositivo de Jalisco, toda vez que está por ser aprobada por el pleno del Congreso de Jalisco; lo cierto es que la cuestión sobre la efectividad de la capacidad recaudatoria municipal se encuentra en el centro de la discusión académica suscitada por el Seminario.
Por ahora la evidencia empírica presentada por nuestro colega Carlos Moreno resulta demoledora respecto a los supuestos efectos sobre la recaudación del impuesto predial que pretendieron las reformas constitucionales de 1983 y 1999: la primera la disminuyó y la segunda resultó irrelevante. Ante la evidente inefectividad que, ahora sabemos, tuvieron las reformas a escala nacional, realmente hace sentido que la cuestión sea retomada y discutida desde lo local, a pesar del riesgo que supone su eventual politización ante la coyuntura electoral que estamos viviendo.
