En estos días que al interior de los partidos políticos se debaten los perfiles y decantan las reglas que definirán las candidaturas a los diversos cargos de elección popular que estarán en juego durante la jornada electoral de 2021, en una coyuntura en la que, al parecer, los partidos políticos han terminado por sepultar cualquier esfuerzo intelectual por diferenciarse por la vía de la ideología partidaria, la acción de gobernar y, en consecuencia, el desempeño esperable de quien aspira a convertirse en gobernante, está llamado a convertirse en la cuestión central que marcará al debate político-electoral en curso.
Por esta razón, considero que vale la pena poner sobre la mesa de la discusión pública algunas de las premisas de la acción de gobierno ampliamente debatidas a lo largo del año pasado y, para ello, me apoyo en algunas ideas vertidas por el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, durante el seminario organizado por la Cátedra Julio Cortázar, de la Universidad de Guadalajara.
Además de la diferenciación conceptual entre gobernante y la acción de gobernar, nos recordó entonces, que tal acción es social en tanto que “refiere a personas, es dirección de personas, dirección de personas mediante personas, es específicamente dirección a través de la interlocución e interacción de las autoridades y funcionarios con los ciudadanos” y, en consecuencia, el problema de la acción de gobierno en tanto componente social tiene que ver con dos aspectos críticos: el discurso y la actuación del gobernante.
Esta acción “no será convincente ni motivará a los ciudadanos a actuar de acuerdo a los valores y objetivos sociales o, por lo menos, a no oponerse y bloquearlos si juzgan que las declaraciones del gobernante son erróneas, medias verdades, narrativa retórica, opiniones personales, ilusiones, y/o no le conceden capacidad de realizar sus planes.”
Lo anterior nos lleva a identificar dos aspectos cruciales que habrá de valorarse en cualquier candidato: su credibilidad que se arraiga a partir de “la respetabilidad de la trayectoria pública” del ahora aspirante, y su confiabilidad sustentada “en el conocimiento que ha acreditado que tiene de los asuntos públicos”.
