Luego de una prolongada espera y tras sortear varios trámites burocráticos, finalmente recibí la semana pasada la versión digital de un texto de divulgación de mi autoría titulado “Breve Historia de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco”. No tendría ningún caso compartirles esta personalísima aventura editorial, si no es por el hecho de que coincidió con la realización de una “Mesa de Conclusiones” que la actual legislatura organizó en torno a la llamada reforma 2.0 al Sistema Anticorrupción de Jalisco y que lamentablemente ya cumplió algo así como 14 meses en manos de los diputados locales.
Y es que la molestia expresada por Xavier Orendain durante dicha sesión, con relación a que a estas alturas “no tenemos un Sistema funcionando como todos se merecen” y que quedó por demás evidenciado con ese 61 por ciento de entrevistados que manifestaron el año pasado que no saben en qué institución puede denunciar actos de corrupción, según los resultados de la encuesta levantada por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos; me hicieron recordar lo que escribí en el texto de marras respecto a ciertos cuestionamientos sociales que evidenciaban “no sólo las limitaciones institucionales que se han debido enfrentar cada una de las instancias que conforman e integran el Sistema Anticorrupción de Jalisco para rendir cuentas sobre sus contribuciones particulares al ‘sistema’, también el agotamiento e insuficiencia del concepto de ‘sistema’ para comunicar a la sociedad, con un ánimo de auténtica pedagogía social, los procesos y resultados individuales de las instituciones que lo conforman jurídicamente, que muestre sus múltiples realidades institucionales, los avances efectivos y las asignaturas pendientes en esa obra que continúa en construcción bajo la etiqueta de un Sistema Anticorrupción de Jalisco.”
Peor aún. Si nos atenemos a lo ocurrido la semana pasada en el Congreso, es más que evidente que los legisladores no han estado a la altura de las circunstancias que exigen legislar de cara a los ciudadanos.
Además de pedagogía social, habrá que exigir una pedagogía política distinta a los legisladores.