Este delito queda impune en el país porque no hay confianza por parte de la población afectada y, según las leyes, le compete a las autoridades locales atenderlo; pero quienes lo cometen son bandas organizadas cuya acción cae en la jurisdicción federal
El Inegi volvió a traer malas noticias esta semana. El aumento de los precios hila ya tres meses al alza. La tendencia marcada por los indicadores en este arranque de año llevaría a prever una inflación anual para 2024 de 4.88 por ciento.
Los alimentos han experimentado el impacto más fuerte. Entre diciembre del año pasado y este mes de enero su valor se multiplicó 5.94 por ciento. Hay productos cuya variación exhibe un comportamiento fuera de toda proporción. El jitomate, por ejemplo, aumentó su precio en el último mes en 52.1 por ciento. En el mismo periodo, el precio de la cebolla se elevó en 21.2por ciento. Igual de notorios son los movimientos hacia arriba en el valor del limón, el chile, el plátano, la zanahoria, la manzana o la papa.
En conjunto, estos alimentos se encarecieron entre 100 y 300 por ciento entre enero del 2023 y el arranque de 2024. No hay una sola variable que pueda explicar el fenómeno. Los especialistas refieren a la crisis inflacionaria internacional y también al incremento global en el precio de los energéticos. Sin embargo, llama la atención que, en México, la inflación se concentre en los productos de la canasta alimentaria.
En paralelo a esta tendencia inflacionaria se observa también el crecimiento alarmante de la extorsión impuesta por la delincuencia organizada, en prácticamente todo el país, sobre la producción, el transporte y el comercio de los bienes agropecuarios.
De acuerdo con datos oficiales, el delito de extorsión se ha acrecentado, a tasa anual, en 23 por ciento, desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador. A este negocio lo llaman la joya de la corona del hampa porque está resultando más lucrativo, inclusive, que el comercio de estupefacientes.
¿Existe una relación corroborada entre el aumento en el precio de los alimentos y el crecimiento de la extorsión? En estadística suele advertirse que correlación no siempre es causalidad. Habrá quien prefiera suponer que se trata de dos fenómenos aislados e independientes. Sin embargo, una cosa es no tener clara la dimensión del impacto entre estas dos variables y otra muy distinta sería negar su existencia.
Hace un par de años el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó un documento registrando los efectos de la extorsión sobre los precios, a partir de que la remisión de covid-19 permitió regresar a la actividad económica.
De acuerdo con este laboratorio el negocio de la extorsión abarca prácticamente todos los eslabones de la cadena alimentaria. Cobra derecho de piso a los productores, carga con las entidades dedicadas a la distribución, parasita al negocio del transporte y esquilma al comercio.
En cada etapa provoca un incremento del valor de los productos que, casi en su totalidad, termina impactando contra el bolsillo de la persona consumidora. Se cuenta con evidencia sobre el impuesto criminal que recae en la venta de la gasolina. También sobre la afectación que produce en los precios de la tortilla, la carne, el pollo, la cerveza, los cigarros, el alcohol, el limón, el jitomate, la cebolla, el aguacate, la piña, el pan y así un universo amplio de bienes de primera necesidad contenidos, muchos de ellos, en la canasta básica.
El incremento de precios debido a la extorsión puede variar dependiendo de la fuente que se consulte. Este iría de 50 a 700 por ciento. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, por ejemplo, calcula que el sobreprecio reportado por el jitomate podría explicarse, hasta en 70 por ciento, por la intervención del crimen organizado en la cadena de producción de este fruto.
El daño causado por la extorsión va más allá del incremento del precio. El control que las empresas delincuenciales han tratado de imponer sobre las zonas productoras ha llegado al exceso del desplazamiento forzado cuando las poblaciones se niegan a cooperar.
Durante las últimas semanas los informativos han venido dando cuenta del desplazamiento en regiones tan distintas y distantes como la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala, las comunidades de Tierra Caliente, en Guerrero y Michoacán, o diversos poblados del Estado de México.
Si las personas no aceptan el arreglo extorsionador sólo les queda mudarse o sufrir graves represalias. A pesar de que esta semana el presidente López Obrador negó el hecho, por este motivo casi 4 mil personas han tenido que abandonar sus casas en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, durante el último año.
Este mismo hilo de reflexión sirve para analizar los ataques recientes a las comunidades de Texcapilla o Buenavista cuyos habitantes se atrevieron a rechazar la extorsión sobre sus escasas economías.
Igual debe incluirse en este análisis la revuelta que en los últimos días han emprendido transportistas de todo el país para denunciar el flagelo que les significa este impuesto ilegal. Lo mismo afecta este fenómeno al sector que moviliza pasajeros en ciudades como Acapulco o Chilpancingo, que al transporte de carga responsable de llevar y traer mercancía a través de las carreteras más importantes del país.
Una nota del periódico Excelsior, de verano del año pasado, reportó que los transportistas del Estado de México debían pagar cuotas oscilantes entre los 200 y los 800 mil pesos para que sus concesiones no se vieran afectadas. Nuevamente aquí, es la persona usuaria final quien termina pagando por la extorsión.
Hay dos razones para explicar por qué la extorsión es un delito prácticamente impune en México. La primera tiene que ver con el riesgo altísimo que significa denunciar, ya que no hay confianza por parte de la población afectada respecto de la secrecía que las autoridades vayan a guardar. ¿Cómo estar seguro de que criminales y funcionarios no están coludidos en este lucrativo negocio?
Otro problema es que, según las leyes, la persecución de este delito es responsabilidad de la autoridad local. Sin embargo, quien lo comete son bandas organizadas cuya actividad cae en la jurisdicción federal. Esto hace que ninguna autoridad se haga realmente cargo de combatirle. Todas se lavan las manos cuando se topan con este cáncer.
Llegó el momento de prestar máxima atención a esta peste cuyos efectos pesan con gravedad sobre la economía, la seguridad y la paz de millones de personas en nuestro país.
