Esta semana se habló de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que publica periódicamente el INEGI. Se escuchó, por ejemplo, a las autoridades de la Ciudad de México hablar de la percepción ciudadana de inseguridad. Que seis de las 16 alcaldías presentaron mayor percepción de inseguridad. Incluso, se llegó a aseverar que la percepción tarda más en bajar que los propios índices con resultados de inseguridad, sin corregir el error que implica ese tipo de expresiones que pueden confundir a la ciudadanía entre lo que es un índice y sus fuentes de información (la percepción). Se cumplió con informar hasta que salgan nuevos datos.
Últimamente se ha escuchado desde el gobierno que el problema de inseguridad se está atendiendo desde sus causas. Mientras que la información disponible describe, por ejemplo, que la inseguridad bajó un 10% o 15%; que la gente cambió hábitos en rutas de transporte o uso de artículos de valor; que los 50 municipios más violentos recibirán apoyo; que bajó un 50% el número de delitos menores; o que bajó el número de homicidios dolosos. Toda esta información describe consecuencias de la inseguridad e impunidad, la cual incluso choca con otros índices sustentados también en percepción en los que, por ejemplo, la misma ciudadanía ha manifestado que no acude a denunciar delitos, ya sea por desconfianza, corrupción o burocracia. ¿Hasta dónde puede una encuesta informar la calidad de funcionamiento de las instituciones? ¿basta con reportar lo que piensa la ciudadanía sin mostrar evidencia dura, no percepciones, del desempeño de las autoridades?
La información hoy disponible sigue lejos de explicar las causas del problema. Muestra que sigue el añejo reto de contar con diagnósticos adecuados que describan realmente cómo funcionan las instituciones para mejorar las políticas de seguridad. Si es que se necesita mejorar el informe policial homologado, la capacitación de policías investigadoras o primeros respondientes, peritos, asesores, defensores o ministerios públicos. La percepción de la ciudadanía nunca podrá describir las necesidades puntuales y mucho menos justificará poner a la autoridad castrense a atender una función que por su naturaleza no le corresponde.
Es indudable que un Estado con instituciones fuertes y eficaces, siempre tendrán mayor peso en la balanza para contener riesgos como la seguridad de las personas y de su patrimonio. Si México no rompe la lógica de anunciar números de percepción para ir más allá, para entender y atender en serio los retos que enfrenta la seguridad y rendir cuentas de ello a la ciudadanía, el país no dejará de escuchar expresiones como “ya no hay inseguridad” o “se acabaron las matanzas y la violencia” para legitimar decisiones que no tienen pies ni cabeza, solamente dichos populares que están dejando a la deriva a millones de personas.
Ricardo Corona
