En 2019, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI, publicó que de 33 millones de delitos, solamente se denunciaron 2.2 millones. Las principales razones para no denunciar fueron atribuibles a la autoridad: pérdida de tiempo (31.7%), desconfianza en la autoridad (17.4%) o trámites largos y difíciles (8.9%).
Hace unos días circuló una denuncia, desde el Gobierno de la Ciudad de México, en contra de una persona que aparentemente apoyó al grupo de mujeres que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Denuncia sustentada en redes sociales y buscadores en internet. Nada más alejado del debido proceso ante la autoridad facultada, no ante cualquier autoridad. Lo preocupante de esa práctica es que, al ser popularmente útil, está escalando todos los rincones del poder público, abriendo la posibilidad de denuncias mediáticas a mansalva. Con ello, el país se mete a un peligroso terreno en el que, ante esas denuncias, se activa la guillotina de la opinión pública que, sin juicio previo, genera consecuencias reputacionales, laborales, económicas, entre otras. En fin, por donde se vea, flagrantes insultos al estado de derecho ante los cuales, el poder judicial no debería estar inerte. Aunque claro, cuando la misma justicia tolera el sometimiento a consultas públicas, se antoja difícil el apoyo.
Ese contraste entre la inhibición de denunciar delitos y las denuncias mediáticas de autoridades no deja a la ciudadanía más que presenciar los síntomas de una democracia abandonada. Por una parte, saber que no tiene el respaldo para hacer valer sus derechos. Y por la otra, ver que la autoridad denuncia sin un debido proceso, pero con consecuencias que ya quisiera cualquiera de las víctimas de esos millones de delitos no denunciados.
A finales del siglo XVIII, Francia padeció un Reinado del Terror en el que Robespierre, “el incorruptible”, dijo que “el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible”. Mucha gente se hizo acreedora de un pase directo a la guillotina, sin juicio previo. Se promovía la violencia popular y callejera que, para algunos, ayudó a borrar del mapa al mismo Robespierre, el otrora líder convencido en la purificación de Francia ante cualquier opositor. Pero que terminó defendiendo aquello en contra de lo que peleaba, hasta que la misma inestabilidad que ocasionó, patrocinó su pase a la guillotina. Hoy México no está alejado de un contexto en el que, quien tenga ideas contrarias, pase a la guillotina (ahora de la opinión pública), sin juicio previo. Una violencia popular (ahora en redes sociales) y liderazgos que se propugnan como incorruptibles, pero que al parecer han comenzado a defender aquello que decían combatir, al amparo de una justicia popularmente útil.
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.
