Parece un contrasentido lo qué pasa en México y especialmente en los últimos años en materia de justicia.
Tenemos por un lado, un gran cúmulo de reformas al sistema de justicia y seguridad gestado en las últimas décadas, comenzando en 1994 en donde se realiza una transformación profunda al Poder Judicial, en el marco de un hartazgo social ante la ineficacia del sistema de justicia. Doce años después y también producto de la creciente presión social, se construye un nuevo sistema de justicia penal, pasando de un sistema inquisitorio a uno adversarial, donde las piezas fundamentales son el principio de presunción de inocencia, la igualdad entre las partes y la participación activa de la víctima en el proceso. Posteriormente en 2011 se consolida la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
Recientemente se aprobaron reformas para establecer legislaciones únicas en materia procesal penal, ejecución de penas, medios alternativos de solución de controversias y justicia para adolescentes. También se otorgaron facultades para expedir legislación general en materia de tortura, secuestro y desaparición forzada.
En la reforma política de 2014 se estableció la figura de la fiscalía general para que sustituya a la actual Procuraduría General de la República y dos fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción y delitos electorales.
Y qué decir de la reforma en materia de combate a la corrupción, que establece la creación de un Sistema Nacional articulado con gran fortaleza desde la legislación.
Sin embargo, al día de hoy, los mayores retos que enfrenta nuestro país siguen siendo los de seguridad y los de acceso a la justicia.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Por qué tantas reformas con buenas intenciones no terminan de transformar la realidad que nos golpea, nos indigna y nos lastima?
Creo, que lo que sigue ocurriendo en México es que no hemos podido consolidar una verdadera transformación en los hechos de las instituciones responsables de dar vida a estas reformas.
Hoy los gobernadores se quejan del sistema penal acusatorio y no vemos en las entidades federativas que se destinen los esfuerzos necesarios a fortalecer los mismos. Las víctimas siguen estando indefensas porque tampoco se han generado los cambios necesarios para establecer las comisiones estatales de víctimas. No se han realizado tampoco los ajustes necesarios que impone la nueva legislación en materia de ejecución de penas.
En el ámbito nacional, seguimos hablando de la necesidad de construir un nuevo modelo de procuración de justicia, se realizan foros y presentaciones de modelos. Pero no pasa nada.
En los hechos, hoy no hay Procurador General de la República ante la reciente renuncia del titular de la misma. Tampoco se han construido los cambios que necesita la figura del Fiscalía General y en consecuencia, tampoco tenemos Fiscal General porque hay resistencia de la fuerza política en el poder. Esto ha provocado que tampoco contemos con un Fiscal especializado en combate a la corrupción como mandata la Constitución.
Como si esto fuera poco, quien ejerce el encargo provisional de la procuraduría de justicia, que no cuenta con la ratificación del Senado y carece de los requisitos legales y constitucionales para ser procurador, ha removido al fiscal especializado en combate a delitos electorales en medio de grandes cuestionamientos sobre sus atribuciones.
En suma, a pesar de todas las reformas legales y constitucionales que en México han tenido como objetivo combatir la impunidad y la inseguridad a partir de la fortaleza del sistema de justicia, los hechos nos demuestran que nuestro país vive una gran crisis institucional originada por decisiones políticas del actual gobierno federal que han sido desastrosas y los resultados están a la vista. Y es que cuando se intenta politizar el sistema de justicia, los resultados generalmente son adversos.
En este escenario, no me queda duda que las dos cámaras del Congreso Federal deben estar a la altura de la demanda ciudadana y exigir de inmediato al gobierno que emprenda acciones urgentes para solucionar esta crisis institucional y cumpla, dentro de sus atribuciones, con una de las principales tareas de todo Estado democrático, tal vez la más importante: brindar seguridad y justicia a todas y todos los mexicanos.
@PilarOrtega
