Lo que ocurre con la elección de dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ya es una crisis; lo manifestado en un videomensaje por Genoveva Huerta lo confirma.
La dirigente estatal, que busca reelegirse, lanza una serie de acusaciones y señalamientos para descalificar el resultado de los comicios del domingo 14 de noviembre.
A falta de pruebas documentales muy precisas que respalden sus dichos, deja la impresión de que no cuenta con éstas.
Por ejemplo, denunció la “desaparición” de 30 paquetes electorales de casillas instaladas en municipios fuera de la zona metropolitana, las cuales presuntamente le daban el triunfo.
Lamentablemente no ofrece ningún detalle, salvo una cifra global mil 400 votos que le daban la “ventaja” y corresponden a esos paquetes, pero no informa ni de qué municipios o bajo qué circunstancias despareció la papelería electoral.
También denuncia la intromisión del gobierno de Morena, pero no explícita a cuál se refiere, como tampoco muestra las evidencias de la presencia de operadores de las fuerzas políticas aliadas al PAN, como lo son el PRI y PRD.
Lo mismo ocurre con la presunta existencia de operadores políticos ligados a Augusta Díaz de Rivera financiados con presuntos recursos públicos del ayuntamiento poblano, lo que sería muy grave.
Las aseveraciones de Huerta contrastan con el anuncio del envío de auxiliares electorales del CEN en la comisión organizadora de las elecciones.
Todo indica, por el paso que dará Genoveva Huerta de acudir a los tribunales electorales, que al interior del PAN la dirigencia nacional y sus órganos de gobierno interno no intervendrán en el caso de Puebla y lo dejarán a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado.
Lo paradójico de la controversia interpanista es que hasta este momento la comisión de elecciones no ha fijado una postura respecto al resultado de los comicios, y aunque está en su derecho Genoveva Huerta de manifestarse, se constituye como juez y parte de la elección.
Entonces, sería impensable conocer una postura oficial de Jesús Giles, el presidente del CDE provisional; ni qué esperar de los encargados de administrar las elecciones, lo que le resta credibilidad a su imparcialidad y el conflicto se extenderá hasta 2022.
