De la criminalización a los patrones al contemplar prisión por prácticas de outsourcing, así como la prórroga de la discusión legislativa en la Cámara de Diputados, el mercado laboral vive un nuevo capítulo.
Dos acontecimientos frenaron la vía fast track en la aprobación de la legislación laboral para regular la subcontratación: el triunfo demócrata en las presidenciales en EU y el capítulo de trabajo del T-MEC.
La medida anunciada por el gobierno de la 4T en materia laboral es parte de la agenda que pasa por la democracia sindical, las reformas a las Afores del fondo de pensiones y la subcontratación.
Las propuestas anunciadas por el gobierno federal a través de la STPS, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, recoge la vieja demanda del llamado sindicalismo democrático que ha defendido su padre como abogado laborista.
Es evidente que la iniciativa inicial radical, ahora con la versión descafeinada pactada por el gobierno con representantes del sector privado, tiene todo el consenso de sindicatos y centrales obreras. Los sindicatos independientes y democráticos han sido los principales opositores a la subcontratación, pero la han dejado pasar en empresas como la automotriz Volkswagen, de hace muchos años, aún en perjuicio del capítulo de la contratación colectiva.
Esta práctica de la subcontratación laboral impuesta en los hechos en las empresas privadas desde los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se extendió al sector público entre los trabajadores del apartado B, tanto en secretarías del gobierno federal como de los estados, lo mismo que en universidades públicas y ayuntamientos.
Fue en los hechos como se impuso este esquema outsourcing en el mercado laboral mexicano, lo que abarató la mano de obra, precarizó los salarios y ayudó a las empresas y al gobierno a desentenderse de obligaciones laborales, salariales y de seguridad social.
Aliados al gobierno de la 4T, vetustas centrales obreras del Congreso del Trabajo, aplauden como focas la iniciativa de eliminar la subcontratación, porque aumentaría las forjas de control laboral y los contratos de protección entre trabajadores de los apartados A y B que contempla la LFT.
La regulación es urgente porque existe primitivismo laboral, ya que violan derechos laborales y humanos de millones de trabajadores mexicanos.
