En las democracias el poder se obtiene con los votos ciudadanos, al estar consagrado el derecho de votar y ser votado.
Con ventajas y prebendas del sistema de partidos, con financiamiento público, y ahora con el derecho a reelegirse en los cargos, todos tienen las mismas posibilidades, solos o en coalición.
En este contexto, los partidos políticos están en toda liberad de existir, coaligarse y presentar su oferta electoral, con los respectivos candidatos.
Nadie, con más razón los gobernantes, puede descalificar a los partidos y candidatos, si son del pasado, del presente o del futuro, en una democracia con normas que regulan la legislación electoral.
Si los partidos que hoy están en la oposición deciden coaligarse legalmente, o constituirse en frentes amplios, están en todo su derecho, así sea “Juntos Haremos Historia” o “Sí México”.
Nadie podría criticar o condenar al partido gobernante Morena por aliarse con el PVEM o el PT, lo han hecho los partidos bisagra o bonsái en el pasado con el PRI o el PAN, en el ámbito federal o estados.
Solo en países totalitarios controlados por dictaduras se impide la libre asociación política y la existencia de partidos políticos y elecciones, México no es el caso, menos el estado.
Morena, para ganar las elecciones federales en 2018, lo mismo se alió con priistas, panistas, evangelistas y demás fauna política, y los ciudadanos decidieron en las urnas a su favor, ese fue un ejercicio de democracia electoral plena.
Los gobernantes actuales, de Morena o cualquier otro partido, deben aceptar las mismas reglas electorales con las que ganaron en 2018, permitir el derecho de cada quien asociarse como quiera, por lo que deben desistirse de descalificar, más si son gobierno.
Para las elecciones intermedias federales y locales del 2021, con la variable de que quienes son alcaldes y diputados pueden reelegirse; si como gobernantes y partido lo han hecho bien, entonces no tendrían de qué preocuparse ni dedicarse a descalificar a otras opciones.
En el mejor de los casos, los gobernantes están en su derecho de fijar posturas políticas, pero deben alejarse de la tentación de tomar un peso y bienes del gobierno para favorecer a su partido.
