El 12 de septiembre de 2018, igual por la madrugada, una espesa nube blanca de una fuga de gas LP de una toma clandestina alarmó a los habitantes de Infonavit Villa Frontera y otros colonias aledañas.
Los habitantes de la zona, con el apoyo de los cuerpos de emergencia, lograron evacuar a la población y ordenaron no acercarse al lugar ni producir ningún tipo de chispa de calentadores o estufas que provocará una explosión en cadena.
Por fortuna en esa fecha no se tuvo que lamentar ningún deceso por intoxicación o explosión, pero sí declararon los gobernantes en turno se trató de una toma clandestina en un gasoducto y se atribuyó a bandas del crimen organizado.
A tres años de ese hecho se repitió la historia con resultados trágicos por la vida de una persona, luchan por sobrevivir otras víctimas de las tres explosiones y están por cuantificarse los daños materiales a viviendas y negocios del lugar.
La primera evidencia con la que cuenta la autoridad es la localización del siniestro de una toma clandestina en un predio particular donde se hallaron cilindros de gas LP para trasvase y una pipa con capacidad de almacenamiento de 10 mil litros, terreno anexo a una empresa gasera.
Sin embargo, los gobiernos siguen siendo reactivos; pero detrás de las promesas de justicia y lamentaciones, no hay un trabajo de inteligencia y acciones que inhiban el delito.
Hoy más que nunca, en Puebla y en el resto del país, la delincuencia organizada se ha diversificado en su poder de acción y comisión de diversos delitos, se han fortalecido y están más empoderados respecto a lustros pasados.
Solo en el primer semestre del año, el estado encabeza la lista de estados con el mayor número de tomas clandestinas de ductos de gas LP, con 846, lo que representa el 17.9 por ciento de crecimiento con respecto al mismo periodo del año que le antecede, que fue de 717 tomas.
La magnitud de la tragedia en Xochimehuacan es del mismo tamaño del poder de la delincuencia organizada, división huachigaseros, más empoderada e impune que nunca.
Pablo Ruiz
