Solo de oportunismo y demagogia descarada se puede calificar la actitud del diputado federal Alejandro Carvajal, al manipular a presuntos ciudadanos para manifestarse contra el cobro del derecho de alumbrado público (DAP).
Es un cinismo, pues el legislador morenista tenía conocimiento del cobro durante el ayuntamiento poblano gobernado por su partido y calló como momia, diría el clásico mañanero.
Pero no solo hizo el convenio la administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco, sino otros presidentes municipales emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, como ocurre en Tehuacán y Tecamachalco, pero son más de Morena.
Están en su derecho de manifestarse contingentes acarreados por Carvajal, pero censurable es que recurran al oportunismo político para sacar raja, de la manera más vulgar y descarada.
De los discursos de presuntos “activistas” que llevó el legislador federal de Morena a manifestarse frente al Palacio Municipal, sostenía que ese “impuesto” del DAP es parte del “neoliberalismo” y “privatizador” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como “sucedió” con el servicio del agua potable y sandeces de ese tamaño.
Las baterías de la protesta la dirigieron al gobierno del panista Eduardo Rivera, a quien acusan de ser el “gran amigo del gobernador” (sic) y el responsable del cobro del DAP, lo que es una total patraña, muy al estilo del Bronx de la 4T.
Así es esta era de la 4T: acusa, condena, enjuicias, miente y manipula, hasta hacer “verdad” la mentira, propio del perfil demencial de los grandes dictadores del ADN patológico de la “izquierda” vetusta del estalinismo rapaz.
El cobro del DAP es un asalto en despoblado a los usuarios de la CFE, convenida y tomada a las espaldas de los ciudadanos, con la letra chiquita como lo hacen en los contratos leoninos, los prestadores voraces que engañan a los compradores de bienes y servicios, y eso ocurrió con los ayuntamientos de Morena y sus partidos satelitales.
Por el simple hecho de tratarse de un engaño a los ciudadanos, la sola existencia del cobro del DAP es ilegal, inconstitucional y una traición a los ciudadanos, un robo donde toda la partidocracia, incluida Morena, se ha beneficiado sangrando la economía de familias poblanas.
