La detención del ex alcalde de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, así como del ex secretario general del ayuntamiento y dos regidoras, develará todo un escándalo de corrupción.
Se trata de la ex regidora de Hacienda y Patrimonio, María del Rosario Caballero Sánchez; y de María Eva Cruz Brenes, ex regidora de Gobernación, así como del ahora ex secretario general del ayuntamiento, Irving Alberto Bello Vázquez.
De acuerdo con fuentes cercanas a las pesquisas por el desfalco de recursos federales, las indagatorias establecen una amplia red de desvío de dinero público a través de diversos testaferros.
Dos proyectos de obras en ese municipio durante la gestión del priista fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); estas indagatorias sirvieron como base para integrar las carpetas judiciales y proceder a los primeros arrestos.
El primer caso se trata de un conjunto de bodegas para actividades agrícolas, donde se aplicaron recursos federales que incluso se gestionaron desde el Senado, a través de un legislador poblano.
Una vez obtenidos los recursos financieros y construidos los espacios en la central de acopio de productos agrícolas, el entonces presidente municipal Juan Navarro Rodríguez realizó una sesión de Cabildo para enajenar esos bienes, una vez desincorporados como propiedades del municipio.
El entonces alcalde emprendió la operación de compra-venta de las bodegas a distintos empresarios agrícolas, pero la mayoría de éstas las adquirió con operaciones simuladas, a través de familiares directos e indirectos que utilizó como “hombres de paja”.
La otra pesquisa de las autoridades judiciales está relacionada con la construcción de un conjunto habitacional con recursos públicos para personas en condición de pobreza.
Se trató de un proyecto de viviendas con precios de hasta 50 mil pesos, pero el ayuntamiento presidido por el priista Juan Navarro no solo los vendió cinco veces más que su precio base, sino que los enajenó a particulares y a sus allegados en la administración municipal.
En esta otra actividad fraudulenta están involucrados secretarios del ayuntamiento, el contralor municipal, el alcalde suplente y otros representantes populares del Cabildo. Los delitos son considerados graves y quienes resulten acusados no podrán obtener su libertad por tratarse de recursos federales.
