La decisión en la Cámara de Diputados de reformar la legislación electoral para permitir la reelección de diputados federales, legisladores locales y presidentes municipales, resultó un desastre.
Para empezar, nadie de los sectores sociales lo demandó como una exigencia popular, se trató de una decisión cupular de la partidocracia, empezando por Morena que se proclama heredero del principio maderista de sufragio efectivo, no reelección.
Desaprobados y repudiados por los ciudadanos, los partidos han impuesto la ruta de la reelección a las presidencias municipales y en las Cámaras de Diputados. Y todos los partidos y políticos ambiciosos parecen estar cortados con la misma tijera, seguro habrá excepciones, pero a estas alturas es difícil encontrar casos específicos.
Dos expresidentes municipales, se conoce hoy, son motivo de indignación y reprobación por sus actos y actitudes nefastas.
En el primer caso, solo por mencionar dos escandalosos, se registra en el municipio de Amozoc, donde el ex alcalde José Cruz, ahora abanderado del Partido Nueva Alianza, acosa cibernéticamente a su ex novia y luego balea el domicilio de ésta.
El pasado 2 de abril, Arlín “N” denunció penalmente al ex edil de Amozoc y a la ex esposa de éste, por delitos de amenazas, violencia familiar y ciberacoso, esto de acuerdo a la carpeta de investigación FGEP-CDI-FEIDVGCM/VF-I/002541/2021. El segundo caso se relaciona al diputado con licencia Jonathan Collantes Cabañas, flamante secretario del CDE del PRI, denunciado por pretender extorsionar con un millón y medio de pesos al abanderado priista a alcalde de Tlachichuca, Héctor García Herrera, para que con ese pago le cediera la candidatura.
Collantes Cabañas fue alcalde en ese municipio durante el morenovallismo, saqueó el patrimonio y erario del ayuntamiento; lo hicieron diputación local, y a la muerte de su padrino político, traicionó a los suyos para sumarse al candidato de Morena en los comicios extraordinarios, ahora figura como secretario del CDE del PRI.
El intento de extorsión fue denunciado por el priista legítimo Héctor García ante el Tepjf en el expediente de SCM-JDC-865/2021 como un juicio de derechos ciudadanos, porque el PRI y este sujeto arribista lo pretenden despojar de la candidatura a la alcaldía que le fue otorgada.
Pablo Ruiz
