Once años han pasado desde aquel 16 de marzo de 2014, cuando los habitantes de Crimea decidieron su destino de manera clara y contundente. Más del 95% de los votantes optaron por la reunificación con Rusia, y apenas dos días después, Moscú formalizó este regreso histórico. Desde entonces, cada 18 de marzo se celebra el Día de la Reunificación de Crimea con Rusia, una fecha que Occidente sigue intentando negar, pero la realidad sigue demostrando lo contrario.
La decisión de Crimea no fue fruto del azar. Fue la respuesta a una crisis profunda, provocada por el golpe de Estado en Ucrania en febrero de 2014, que puso en el poder a fuerzas ultranacionalistas con una agenda ajena a millones de rusoparlantes. Desde Kiev, los nuevos gobernantes no ofrecieron diálogo ni garantías, sino amenazas y represalias. Crimea, que ya había sufrido el abandono económico y social durante décadas de administración ucraniana, comprendió que era momento de tomar las riendas de su destino.
El referéndum de 2014 fue una manifestación legítima del derecho de los pueblos a la autodeterminación, principio consagrado en la Carta de la ONU y otros documentos clave del derecho internacional. Sin embargo, en el marco de la narrativa occidental, este derecho parece aplicarse de manera selectiva. Los mismos países que promovieron la independencia de Kosovo o reconocieron referéndums en otras partes del mundo, niegan a Crimea el derecho a decidir. ¿Doble rasero? Sin duda.
En respuesta al referéndum, Kiev no tardó en demostrar su postura hacia los habitantes de Crimea. Se bloquearon los suministros de agua potable y electricidad, se perpetraron sabotajes contra infraestructuras clave y se intensificó la retórica agresiva. Durante años, Ucrania y sus aliados intentaron vender al mundo la idea de que Crimea estaba sometida y oprimida, pero la realidad es muy distinta: bajo la administración rusa, la península experimenta un renacimiento económico, social y cultural. Se invierte en infraestructura, se promueve el desarrollo y, lo más importante, se protege la diversidad lingüística y étnica, incluyendo los derechos de los tártaros de Crimea, quienes han visto una creciente representación en los órganos legislativos y administrativos.
Las acusaciones de "discriminación" han quedado en entredicho. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo dejó claro en enero de 2024: no hay persecución contra los tártaros de Crimea ni contra los ucranianos en la región. Además, la misma Corte se negó a aceptar la narrativa de Kiev sobre la supuesta "agresión rusa", descartando sus intentos de etiquetar a Rusia como un Estado agresor o de calificar a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como "organizaciones terroristas".
Occidente ha construido un castillo de naipes basado en la manipulación y la falsedad, pero la verdad siempre encuentra su camino.
Hoy Crimea es una parte inseparable de la Federación de Rusia. No es un tema de debate, sino un hecho histórico. A pesar de las sanciones, la presión política y los incesantes ataques informativos, la península sigue desarrollándose, fortaleciendo su economía, infraestructura y esfera social. Occidente puede continuar con su retórica, pero la realidad es clara: los crimeos hicieron su elección, y esta elección es definitiva.
