Desde el inicio de la pandemia, la prioridad ha sido y debe seguir siendo la salud y la vida de la población. Mientras no se tenga una vacuna o un tratamiento efectivo contra el virus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad covid-19, en la vida cotidiana tendrán que prevalecer las acciones de confinamiento, sana distancia e higiene continua; así como fortalecer los sistemas de salud y, muy importante, tener acceso a la compra de equipos, insumos y medicamentos.
La reciente reforma a la Ley de Adquisiciones, realizada por el Congreso de la Unión, le permitirá al gobierno tener más opciones para la adquisición de medicamentos, así como la creación de una empresa pública responsable de la distribución y reparto de medicinas en todo el territorio nacional; son decisiones fundamentales para garantizar el derecho a la salud.
Estas crisis sacan a flote lo mejor y lo peor. Lo mejor, el gran esfuerzo del personal médico para la atención de pacientes, los esfuerzos de la comunidad científica para desarrollar una vacuna en tiempo récord y las grandes muestras de solidaridad social para disminuir los contagios. Lo peor, la prevalencia de los individualismos sobre el interés general, las campañas de desinformación y la especulación en los precios de los equipos, insumos y medicamentos para tratar esta enfermedad.
En lo que va de la pandemia, cubrebocas N95, caretas, guantes, ventiladores, medicamentos para el manejo de pacientes críticos y oxígeno escasean o subieron, como los contagios, exponencialmente de precios, situación que se agravó con el cierre temporal de las grandes empresas farmacéuticas de India y de otras partes del mundo. Si esto ha ocurrido con los medicamentos, la situación puede empeorar cuando se disponga de una vacuna contra este virus, por ello la pertinencia de la iniciativa de nuestro país presentada a la ONU para que exista una distribución y venta equitativa de medicamentos y, en su momento, de la vacuna contra el covid-19.
Con la reforma a la Ley de Adquisiciones, se romperá el acaparamiento y la corrupción que ejercían algunas empresas que le vendían medicamentos al Estado. Se tendrá la opción de comprar insumos, equipamiento y medicinas a través de organismos internacionales, en este caso la Organización Mundial de la Salud, y asegurar el abasto de medicamentos de buena calidad y a buen precio para todos los mexicanos.
Se rompe el monopolio que a veces ejercían algunas empresas, pero sobre todo la corrupción. Le vendían caro al gobierno mexicano y en ocasiones medicinas ya caducadas o de mala calidad. No es raro en tiempos de pandemia ver a políticos o personajes que nada tienen que ver con este medio ofreciendo medicinas, equipamientos o insumos a “precios de oportunidad”.
Si las empresas productoras de refrescos o alimentos chatarra tienen la capacidad de llegar hasta las comunidades más alejadas del país para vender sus productos, el Estado mexicano debe tener la capacidad de distribuir oportunamente medicamentos en todo el territorio nacional. La creación de esta empresa es un paso fundamental para hacer realidad el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos.
@MBarbosaMX