El gobernador Samuel García trae encima problemas tan graves como la falta de agua, pues en unos meses las presas quedarán vacías; además van decenas de muertes violentas en lo que va del año, pero su prioridad es hacer una nueva Constitución local.
Para ello designó a un grupo de expertos (todos amigos de él, o a quienes les debe favores), con el fin de iniciar los trabajos, pero en realidad se interpreta como un “Club de Toby” que despierta suspicacias.
Se trata de personas cercanas a él en su etapa de estudiante del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Será que les debe favores porque lo apoyaron para obtener el grado académico?
El coordinador del grupo encargado de los trabajos, Pedro Torres Estrada, es originario del estado de San Luis Potosí; llegó hace años a la UANL y su amigo Sergio Elías Gutiérrez lo recomendó en el Tec de Monterrey. Es un experto en la materia.
Otro integrante del “Club” es Michael Núñez, un venezolano que ayudó al gobernador en su tesis doctoral. Fue roomie de Torres cuando estudiaron juntos en la Universidad de Salamanca, en España.
Núñez llega a la UANL en tiempos de José Luis Prado.
Por lo que respecta a Mario Garza Castillo, fue consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral en el reciente proceso electoral, y coordinador de posgrados de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.
En política no hay coincidencias. Estos personajes son gente allegada al mandatario y es precisamente a ellos a quienes les encargó un proyecto que de entrada suena a capricho, que además ya tienen avanzado desde que cursó el doctorado.
Expertos en la materia sostienen que es necesario adecuar o hacer actualizaciones a los artículos para adaptarlos a la nueva realidad de una sociedad en constante movimiento, pero de eso a redactar una nueva es otra cosa muy distinta.
Por otra parte, una nueva Constitución para el estado de Nuevo León deberá ajustarse a los preceptos de nuestra Carta Magna, y no a la ocurrencia de un grupo de amigos de Samuel.
No estaría de más recomendarle al gobernador que consulte a la sociedad (sector privado, ONG y grupos de abogados), para que aporten su experiencia y sabiduría en el tema, y no solamente a sus cuates. Pero antes que nos diga qué hará para frenar las ejecuciones y la sequía.
Miguel Ángel Vargas
