Según el estudio “Análisis de la contaminación PM2.% en la ciudad de Monterrey”, hecho por el Centro Mario Molina, la calidad del aire en la Zona Metropolitana se encuentra dentro de las peores del país, y se atribuye en gran medida a la refinería de Pemex en Cadereyta (egade.tec.mex 16/03/23).
Desde hace más de un año, ese mismo documento recomendaba reubicar a la industria pesada alta contaminante, sobre todo la que utiliza combustóleo y otros hidrocarburos pesados.
La misma Semarnat publicó recientemente que la refinería produce cinco veces más contaminantes que las ocho plantas de la industria privada en la ciudad. En dióxido de azufre (SO2) genera el 46 por ciento de los contaminantes; PM10 el 20 por ciento de los contaminantes y PM2.5 el 18 por ciento del total.
Es decir, argumentos científicos hay de sobra, lo que falta es voluntad política. Una muestra clara es la negativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, que rechazó la petición de Juan Carlos Pérez Góngora para realizar una consulta popular, a fin de reformar el Artículo 1 inciso VIII de la Ley Ambiental de Nuevo León y decretar el cierre definitivo de la refinería de Pemex en Cadereyta.
El pasado 24 de enero, Pérez Góngora interpuso el escrito para llevar a cabo dicho ejercicio en el municipio de San Pedro Garza García como una muestra, pero el acuerdo de este miércoles 7 de febrero se niega, asegurando que no se puede realizar porque este año en agosto habrá una consulta electoral y no quieren que se empate.
Aunque tiene cinco días para contestar la resolución, de entrada lo batean porque en su óptica cerrada, los consejeros piensan que la contaminación es un tema secundario o no prioritario. Hágame usted el “refabrón cabor”, como diría mi querido amigo Joel Sampayo Climaco, que en gloria esté.
Por supuesto que los procesos electorales son importantes para los ciudadanos en el estado, pero las toneladas de emisiones que ensucian nuestra atmósfera son un asunto de vida o muerte, casi nada.
