Las cifras de los ocho colectivos de desaparecidos en Nuevo León revelan que hay 6 mil 287 personas no localizadas, cuyas carpetas de investigación registran muy poco o nulo avance, debido a la falta de personal de la Fiscalía General del Estado.
Para atender a esas familias existen seis agencias del Ministerio Público, entre las cuales se distribuyen los casos, por lo que en promedio cada una debe analizar poco más de mil, pero se irán incrementando porque solo en el 2024 han llegado 120 nuevos expedientes.
A ese ritmo no habrá presupuesto que alcance mientras los diputados comprendan la magnitud del problema en nuestra entidad, el cual se ha agudizado de 2007 a la fecha, ante el aumento de la escalada de violencia en todo el territorio nacional y en nuestra región.
El sentir de las madres, padres e hijos de personas desaparecidas es que la autoridad solo quiere dar largas a su asunto, y en el peor de los casos es como si pusieran a prueba la resistencia de ciudadanos que han demostrado tener una voluntad inquebrantable.
Los recursos destinados para el apoyo de los menores que perdieron a su padre o a su madre son alrededor de dos millones de pesos, que alcanza para darles mil 200 pesos mensuales a 140 de ellos, y la verdad no alcanza para más.
Desafortunadamente es un tema que involucra tanto a las instancias gubernamentales como a la sociedad misma que se mantiene al margen, y a veces ignora a los desaparecidos con el erróneo argumento de que muchos de ellos tal vez andaban en malos pasos.
Es una apreciación equívoca de un fenómeno social que perjudica a millones de mexicanos como es la inseguridad, que durante el último sexenio se agudizó, o al menos sigue igual, pese a los esfuerzos oficiales.
En Nuevo León hay organizaciones civiles que siguen luchando por encontrar a sus seres queridos, o al menos desean saber dónde están para darles cristiana sepultura y tener un descanso en esa extenuante búsqueda.
Por esa razón además del apoyo económico por parte del Estado, se requiere mayor empatía de los nuevoleoneses para entender que muchos de esos casos son “daños colaterales”, y que sus hijos merecen acceso a la educación y sustento para recuperar la vida arrebatada.
