Hoy que el combate a la delincuencia organizada y en especial a las estructuras financieras de los delincuentes se ha vuelto una prioridad, me parece que también se ha convertido en el mejor pretexto para aprobar lo que se ha llamado al ley Nieto, en honor a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien se le han dado facultades de un cuasi fiscal y ahora más allá.
¿Por qué más allá? porque ahora el Senado de la República dio el poder y facultades legales a la UIF para bloquear cuentas bancarias sin mediar la orden de un juez, lo que autoría a no solo a bloquear las cuentas sino también las operaciones bancarias de personas sospechosas, no necesariamente sentenciadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según el dictamen aprobado por los legisladores la UIF se basará en una lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo, lo cual permite a México cumplir con compromisos internacionales sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Hasta aquí parece que todo bien. Lo que preocupa en gran medida es que al darle facultades sin la autorización del Poder Judicial le permite al gobierno convertir a la UIF en un tipo de santa inquisición y corremos el riesgo de que este instrumento sea utilizado de forma coercitiva alejado de los preceptos para los cuales deberá funcionar, lo que me parece muy delicado.
Sólo recordemos por ejemplo en el antiguo sistema de justicia, todos eran culpables hasta que se demostrara lo contrario y así por ejemplo a los enemigos del sistema bastaba con sembrarles unas armas para refundirlos en la cárcel sin más. Hoy la mejor forma de neutralizar a alguien es privándole de recursos independientemente si es o no culpable de lo que se le acusa.
Los senadores de Morena aseguraron que se respetarán los derechos procesales comenzando por la garantía de audiencia de las personas que sean incluidos en la lista de bloqueadas por procedimientos o por sospecha, lo cual me parece del todo descabellado pues sabemos de sobra que en México los derechos procesales terminan pisoteados cuantas veces sean necesarios.
Me parece un gran peligro dar facultades a cualquier institución número uno que no le correspondan y número dos lo que creo es más grave detener propiedades de una persona sin control judicial.
