Pese al entreguismo que pareciera existir desde el Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo, todavía hay jueces que velan por el interés público y la transparencia y una muestra la dio ayer la juez Celina Angélica Quintero Rico, del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.
Y es que en un hecho de gran relevancia concedió una primera suspensión definitiva a favor de Litigio Estratégico, una organización de la sociedad civil que abrió la puerta para obtener información relacionada con las obras prioritarias del gobierno federal que mediante un decreto presidencial se ocultó al asegurar que estos proyectos son de interés público y seguridad nacional publicado el pasado 22 de noviembre de 2021.
Con la decisión de la juez a la organización no le será aplicado el acuerdo en el que se instruye a las dependencias federales realizar las acciones necesarias para considerar las obras y proyectos del gobierno federal como de interés público y seguridad nacional, es decir total opacidad a obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La resolución sienta un precedente judicial que puede ser invocado por otras personas al momento de hacer solicitudes vía transparencia sobre las obras y proyectos prioritarios del gobierno federal, lo que apenas es una rendija abierta a la transparencia pues todavía las autoridades pueden reservar la información relacionada con estas obras y proyectos pero bajo argumentos distintos al de interés público y seguridad nacional, lo cual no dudo que vaya a suceder.
Pues la sentencia dice que “Se concede la suspensión definitiva a favor de la quejosa, únicamente referente a que los actos reclamados no sean considerados como de ‘interés público y seguridad nacional’ y con ello, no se restrinja el acceso a la información y documentación relacionada con dichos proyectos de infraestructura”
Así en México la eterna lucha contra la opacidad y la falta de rendición de cuentas, que tras de sí solo trae una estela de favoritismos y enriquecimiento ilícito que termina por quedar muy lejos del brazo de la ley.
