Las cifras más recientes de la medición de la pobreza en México ofrecen un panorama dual: por un lado, una notable reducción del número de personas en situación de pobreza; por otro, un preocupante estancamiento en el acceso a derechos sociales básicos.
Sin duda, la disminución de la pobreza multidimensional de 41.9% a 29.6% de la población es un logro significativo. Este avance se explica, en gran medida, por el incremento en el ingreso de los hogares, impulsado por políticas como el aumento al salario mínimo y la expansión de los programas sociales. Estas medidas han logrado que millones de familias tengan más poder adquisitivo, lo que se traduce directamente en una mejor calidad de vida.
Sin embargo, el progreso económico no ha sido parejo. Mientras tres de cada diez mexicanos aún viven en la pobreza, la medición revela una alarmante brecha en el acceso a los servicios de salud, que aumentó drásticamente.
Para una política de desarrollo social integral, es indispensable abordar la pobreza desde sus múltiples dimensiones. Si bien los avances en el ingreso son dignos de reconocimiento, la persistencia y el aumento de las carencias sociales exponen fallas estructurales que deben ser corregidas.
Un ejemplo es el aumento de la población sin acceso a servicios de salud, es el principal llamado de atención. Es imperativo que el Estado fortalezca el sistema de salud pública y garantice el acceso universal a atención médica de calidad. No puede haber progreso social si los ciudadanos carecen de un derecho tan fundamental como la salud.
Además casi la mitad de los mexicanos no cuenta con seguridad social, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad ante la vejez, el desempleo o la enfermedad. Ampliar la cobertura de la seguridad social, tanto en el sector formal como informal, es crucial para construir una sociedad más equitativa y resiliente. Para ello es crucial reducir la informalidad, pues la mejora en el ingreso en la informalidad a futuro resulta contraproducente.
Aunque con menor incremento, el rezago educativo y la falta de acceso a servicios básicos en la vivienda siguen siendo preocupantes. La inversión en educación de calidad y en infraestructura digna no solo mejora las condiciones de vida, sino que también fomenta el desarrollo humano y la movilidad social.
México ha demostrado que es posible reducir la pobreza a través de políticas económicas enfocadas en el ingreso. Sin embargo, el verdadero desafío reside en traducir este avance en un bienestar integral para todos, lo que se traduce en la necesidad de aumentar la base contributiva. La próxima etapa en la lucha contra la pobreza no debe centrarse únicamente en la economía, sino en la garantía de los derechos sociales. Solo así, el país podrá avanzar hacia un desarrollo sostenible y justo para todos sus ciudadanos, sin dejar a nadie atrás.
