El pasado 14 de julio se dio a conocer el Índice Estatal de Libertad de Expresión en México en el que se analizan tres dimensiones para determinar la libertad con que se ejerce el periodismo en cada entidad federativa como son el marco legal e institucional de protección a la libertad de expresión, el pluralismo en los medios de comunicación y la seguridad y justicia para periodistas y personas defensoras de DDHH.
Este índice que representa un instrumento innovador a nivel internacional, fue desarrollado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y en él me encontré con un dato interesante y es que en la medición que hacen de estos ejes, Guanajuato se encuentra en primer lugar en donde se puede ejercer la libertad de expresión por encima de la Ciudad de México, Durango, Coahuila y Jalisco, que se encuentran en el top 5 de este ranking.
Me parece que este es un excelente indicador, pues está desarrollado por ciudadanos, periodistas, investigadores y académicos expertos en la materia y deja fuera de duda cualquier viso de intervención oficial, lo que es una garantía para determinar cómo estamos en general respecto a la libertad de expresión.
Algunos puntos que destacan en el índice por ejemplo es que solamente Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz destinan recursos económicos para sus instancias para la protección de periodistas o que la Ciudad de México, Guanajuato, Colima y Veracruz generan información sobre atención de casos de protección atendidos por instancias diseñadas ex profeso para ello.
Respecto al derecho a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en la legislación estatal Guanajuato, a diferencia de otros estados, cuenta con leyes, reglamentos, procedimientos y decretos para ello, la entidad tuvo una calificación de 10, lo que significa que ha emulado en su totalidad la Reforma de Derechos Humanos de 2011 en la constitución estatal.
Pero no todo es color de rosa, pues entre otras cosas se apunta que el robo de combustible “exhibió la colusión entre autoridades municipales y delincuencia organizada, lo cual inhibe la cobertura periodística y el periodismo de investigación sobre estos temas” y tal vez lo más preocupante: “Se percibe que hay periodistas que utilizan sus medios de comunicación para atacar a otros periodistas por lo que escriben con relación a temas políticos” y eso es una realidad.
