Pocas comunidades de nuestro país han logrado mantener bajo control la inseguridad pública. La mayoría de las ciudades y de nuestros pueblos padecen el flagelo de la delincuencia. Hasta el limón, nos dicen ha subido por un cártel que ha dominado a los productores y mayoristas de este buscado cítrico.
El sábado por la tarde una pareja de amigos fue asaltada en las inmediaciones de Zinacantepec. Viven de milagro, por piedad de los asaltantes. Los ataron, los golpearon y violaron a la novia. Les robaron sus pertenencias y el automóvil. Según me comentaron, levantar el acta por las agresiones fue un suplicio y, hasta ahora, pérdida de tiempo, en una oficina un delito y lo del robo del automóvil en otra, con procedimientos lentos. Entre la delincuencia y la burocracia.
Por la ubicación de uno de los celulares identificaron donde se encontraba, parece ser una comunidad llamada “el Cóporo” conocida por compradores de piezas robadas, donde se dedican a revender partes de autos.
La descomposición social y la ubicación de los agresores, parece tierra de nadie ¿Cómo puede ser así y ninguna autoridad ha logrado detener a los delincuentes? La crisis es latente, a la vista de casi todos, principalmente de los que padecen a la delincuencia en carne propia y ven como se transforma la vida en una especie de terrorismo, donde casi todos somos vulnerables frente a la impunidad. Poblaciones enfermas de criminalidad.
Los discursos y programas de la autoridad quedan en la demagogia. La fuerza policial y de investigación de los delitos superada por la realidad. La impotencia de las víctimas y sus familias desencadena el silencio de la resignación ¿hasta cuándo?
Hoy rinde su 2do Informe el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Dr. Ricardo Sodi Cuellar, quien realiza una tarea titánica para agilizar la impartición de justicia, frente al deterioro del funcionamiento del ministerio público, que se queda a la zaga del cumplimiento de su misión constitucional.
La distopía urbana y rural para los más vulnerables, caracterizada por la deshumanización, un desastre de la vida en comunidad lejos de la “utopía” de quienes pueden pagar policía privada o la que pagan con nuestras contribuciones, para algunos privilegiados, vehículos y viviendas blindados, cercas electrificadas, protecciones de herrería, como parches de las zonas habitacionales. La debilidad de las instituciones responsables de la seguridad de los ciudadanos, familias, su vida y su patrimonio, es objetiva. Salta a la vista. La crisis es profunda y demanda un cambio radical para proteger a la población más vulnerable.
Responsabilidad de autoridades, culpabilidad de las familias que saben que sus hijos o hermanos se dedican al asalto y otros delitos graves.
Mauricio Valdés
