Las cifras son elocuentes. Según la asociación civil Causa en Común, Guanajuato ocupó este 2021 por tercera ocasión el primer lugar en policías asesinados.
Las estadísticas arrojan que mientras en 2019 en la entidad perdieron la vida 51 uniformados en el cumplimiento de su deber, solo en 2020 se sumaron 84, y en 2021 ya se habían documentado 53 casos.
Ciertamente, en mayo de este año, mediante un decreto, el gobierno estatal aprobó una serie de medidas de protección para salvaguardar la integridad de aquellos policías que se consideren en grave riesgo con motivo de sus actividades profesionales.
Lo anterior, aunque representa un buen comienzo, es solo una parte de la solución. En el país, debido a que se trata de un fenómeno reciente, apenas en los últimos 20 años se han iniciado estudios serios que intentan establecer una correlación entre diversos factores y la incidencia de uniformados que son abatidos en el cumplimiento de su deber.
Así, se ha logrado establecer que en su mayoría son varones, de mediana edad, la mayoría con estudios de nivel medio superior o superior. Se ha encontrado una mayor frecuencia en aquellos lugares donde se destina menor presupuesto a equipamiento y capacitación; donde el rol del policía no es bien valorado como servidor público por parte de su comunidad, y en aquellos territorios donde permean las actividades del crimen organizado, y paulatinamente a los policías se les ha relegado casi a un estado de abandono.
A partir de estas aproximaciones, sabemos que para revertir este fenómeno además de valorar la labor del oficial -aparte de reconocimiento social, un salario digno y prestaciones- es indispensable una mejor capacitación y equipamiento, así como recuperar terrenos ganados por la delincuencia. Solo así podremos protegerlos mejor.
