Según estimaciones del gobierno federal, menos de uno porciento de los delitos que se cometen terminan en una formal querella y vinculación a proceso. De ahí a que se obtenga una sentencia, aún hay largo trecho.
Cada que se publican los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública es posible entender por qué está tan arraigado entre la población la certeza de que poco o nada se gana con denunciar los delitos ya que el uno por ciento suena más a excepción de la regla que a resultados que generen confianza en que no habrá impunidad.
Cuesta trabajo revertir la imagen labrada durante décadas en el sentido de que las procuradurías de justicia (hoy conocidas como fiscalías) y sus agencias del Ministerio Públicos son oscuras oficinas que sirven para acumular polvo sobre los expedientes.
Cabe reconocer que se ha avanzado en profesionalización, transparencia y rendición de cuentas, así como en el uso de tecnología de punta para combatir a la delincuencia; no obstante, aún no es suficiente, por lo que se requiere ampliar la facultad de investigación de las policías estatales y municipales, corporaciones que constituyen el 75 por ciento de los uniformados en México.
Al menos ese es el espíritu de la reforma constitucional de 2008 que dio fin al monopolio que detentaba hasta entonces el Ministerio Público. En conjunto, las policías ministeriales estatales y municipales representan menos del 15 por ciento de los efectivos policiacos en el país.
Solo así podrá invertirse esa pirámide de impunidad, y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de combatir la criminalidad. La armonización del marco jurídico es un primer paso.
