Mucho se ha analizado el papel que tiene la generación de infraestructura en el desarrollo económico; la existencia de más y mejores carreteras, puertos fronterizos y marítimos, ferrocarriles y aeropuertos no sólo son elementos clave en la expansión y buen funcionamiento de la actividad económica; particularmente, en el caso de las vías de comunicación terrestres, estas pueden ser también la diferencia entre contar, o no, con acceso a servicios de salud, de educación y a seguridad pública.
Sin embargo, en contextos fiscales complejos y ante la necesidad que tienen todos los países de priorizar el gasto destinado a programas sociales, los gobiernos deben generar mecanismos eficientes para obtener mayores recursos, presupuestales y no presupuestales, que les permitan atender, correcta y equilibradamente, estos y otros retos. Ésta será, sin duda, una situación que el próximo gobierno que encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum, enfrentará desde el primer día de su gestión.
En los últimos 6 años se han realizado esfuerzos sin precedentes en materia de combate a la pobreza, la desigualdad y la corrupción. No obstante, parece claro que la irrenunciable profundización de esta agenda requerirá de un nuevo impulso al desarrollo de diversos sectores económicos, a fin de aprovechar al máximo oportunidades como las que el fenómeno de la relocalización nos presenta. Parece claro que, a pesar de los grandes avances que se han concretado en materia de recaudación de impuestos, el Estado mexicano, como sucede en prácticamente todo el mundo, difícilmente contará con las capacidades suficientes para atender, por sí sólo, retos urgentes como sacar de la pobreza a más de 40 millones de mexicanos.
En repetidas ocasiones, la presidenta electa Sheinbaum y su equipo han señalado que uno de los principales pilares del próximo gobierno será la instrumentación de la “Estrategia Nacional de Relocalización”, política pública que tiene como objetivo generar condiciones que permitan alcanzar la prosperidad compartida. El hecho de que nuestro país y EE.UU. compartan más de 3 mil km de frontera, así como la existencia de un marco institucional estable y exitoso como el TMEC, hacen del llamado nearshoring una de las más grandes oportunidades económicas de nuestra historia.
Sin embargo, este fenómeno no está exento de desafíos que, de no atenderse en el corto y mediano plazo, representarán oportunidades perdidas que no regresarán; de acuerdo con la empresa consultora McKinsey & Company, México podría duplicar la Inversión Extranjera Directa hacia 2032; sin embargo, este escenario sólo podrá materializarse mediante la inyección, en el mismo período, de 400 mil millones de dólares al sector de infraestructura.
Tradicionalmente, nuestro país no ha logrado invertir lo suficiente en dicho sector; esto puede resultar hasta cierto punto normal sí consideramos que, por décadas, nuestros gobiernos habían sido recaudadores ineficaces, aunado a los extraordinarios retos presupuestales que persisten en materia social, de salud, educación y seguridad, entre otros. Esta combinación erosiona las posibilidades de desarrollo económico y social. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 49 de calidad de la infraestructura carretera (extensión y calidad). De la misma manera, el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, que considera la infraestructura vial, nos ubica en el lugar 63.
Para 2024, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se le aprobó un presupuesto de alrededor de 39 mil mdp para el rubro “Carreteras eficientes, seguras y suficientes”. Dicha cifra representa el 0.2% del PIB, y tan sólo alrededor del 2% del gasto programable.
La situación prevaleciente en la red libre de peaje es particularmente desafiante. A pesar de importantes esfuerzos encabezados por la SICT y la existencia de mecanismos de participación privada en la reconstrucción, conservación y mantenimiento de carreteras federales, existe un deterioro físico importante en estas vías de comunicación, lo que se traduce en condiciones de menor seguridad vial y en traslados más largos e ineficientes desde el punto de vista logístico. De hecho, es probable que el gobierno federal tenga que invertir alrededor de 100 mil mdp en los próximos tres años para incrementar significativamente el nivel de servicio de esta red, lo que incluiría la necesaria reconstrucción de varios tramos.
De aquí la relevancia de consolidar a la inversión privada en autopistas como un complemento, nunca sustituto, de la inversión pública. Desde la instrumentación del esquema de concesiones, los particulares han invertido más de un billón de pesos (precios de junio de 2019) en la construcción de más de 6 mil km de vías federales de comunicación en los ámbitos federal y estatal. La operación de estas carreteras implica la generación de 15 mil empleos directos e indirectos, así como ingresos para el gobierno por concepto de contraprestaciones y pago de impuestos equivalentes a cerca de 4 mil mdp anuales. Asimismo, y de acuerdo con la SICT, año tras año los recursos destinados a la conservación y el mantenimiento de la red operada por privados es 2.5 y 1.3 veces mayor que los que se presupuestan para la red libre (incluyendo a los contratos APP de conservación) y para Fonadin, respectivamente.
Contamos con un marco regulatorio confiable; sí bien puede ser perfectible, éste ha logrado atraer importantes inversiones en el sector de autopistas por parte de concesionarios, nacionales y extranjeros, así como de inversionistas institucionales como grandes fondos de pensiones mexicanos, canadienses, australianos y de Singapur, entre otros.
Tan sólo en la administración federal que concluye, la SICT obtuvo recursos no presupuestales extraordinarios equivalentes a más de 130 mil mdp, mediante el “Programa de Ampliación de Objeto de Títulos de Concesión”. Estos recursos representan alrededor de medio punto porcentual del PIB, el cual ha sido destinado a la construcción, conservación y mantenimiento de la Red Nacional Carretera. Este mecanismo ha sido exitoso y su uso puede ampliarse en los próximos años, lo cual, en conjunto con el impulso de nuevos proyectos carreteros concesionados y de figuras como las “propuestas no solicitadas”, generará mayores recursos para garantizar la modernización y expansión de la misma, con un enfoque inclusivo.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum encontrará en las empresas del sector a aliados con visión social; con la certeza de seguir invirtiendo en la infraestructura carretera de calidad que nuestro país requiere. La creación de la prosperidad compartida es tarea de todos.
