Luego de que, en diciembre del año pasado, se diera un gran paso hacia la migración a energías más limpias, a través de la publicación de la Ley de Transición Energética (LTE), una etapa aún más importante inicia: la implementación de la misma.
El camino recorrido no ha sido fácil, al ser la última ley aprobada de la reforma energética, y lo que resta no pinta para que sea diferente.
Las autoridades han pactado metas, tanto en generación de energía limpia como en reducción de gases de efecto invernadero, que pueden parecer difíciles de alcanzar en los tiempos que se han propuesto. Sin embargo, estas medidas y mas, son necesarias para mitigar el cambio climático y cambiar un inminente futuro poco prometedor para el planeta y nuestra especie.
Es así como la astucia, que caracteriza al mexicano, se ha puesto en marcha para ver de que forma los “afectados”, que en su mayoría son las grandes empresas e industrias de nuestro país, pudieran verse inmunes a está ley.
Los motivos son claros: una transición energética implicaría un cambio de paradigma en sus modelos de negocios, los cuales se volverían menos rentables, en el corto plazo, debido a las inversiones que se deben realizar para cumplir con las metas antes mencionadas.
Es así como varios “afectados” optaron este 9 de febrero (la fecha límite para presentar demanda conforme a la naturaleza auto-aplicativa de la LTE) en ampararse de esta normatividad.
Acciones como estas, dan una lectura muy triste de la idiosincrasia de nuestro país: el bien común siempre pasará a segundo plano cuando se trate de cambiar el estatus quo personal.
En una realidad en donde claramente se observan los efectos del cambio climático, los “afectados”, que son pocos, por esta ley deberían de tomar su lugar como agentes de cambio y realizar las acciones necesarias para contribuir a mejorar el futuro de los verdaderos afectados que somos todos.
