La crisis ininterrumpida en el transporte urbano desde el año pasado ha llegado también a los diputados. La Ley de Movilidad está ya en plena cocina y puede ayudar a resolver estos largos meses de discusiones atoradas en las tarifas, que a ratos han parecido un callejón sin salida. Pero hay todavía discusiones pendientes.
Las bancadas más numerosas en el Congreso están de acuerdo en la necesidad de una ley que se enfoque en la movilidad general, que rebase las visiones parciales que miran solo el auto, solo la obra vial o solo el transporte público. Buscan enfrentar el problema integral que hoy significa moverse en la ciudad y que incluye cualquier tipo específico de transporte. Se requiere una planeación que no haga menos al usuario del camión o del taxi, al peatón o al ciclista.
Un enfoque como ése obliga a hacer cambios bastante hondos en la infraestructura urbana, que no son responsabilidad de un solo gobierno. Las bancadas están de acuerdo en que se requiere mucha mayor cercanía entre los municipios y la autoridad estatal. Una ciudad mejor en términos de movilidad no es cuestión del gobernador o de un alcalde: o trabajan juntos o de nuevo no pasará nada.
También están de acuerdo en que el sistema de transporte colectivo debe organizarse de otra manera; en que se tienen que reordenar todas las rutas y mantener una flexibilidad en la planeación; en que se debe de pagar a cada empresa transportista por kilómetro recorrido y no por pasajero, y en que las concesiones, así como van, no van bien.
Para lograr todo esto, la condición es que todos los procesos sean transparentes. En eso también piensan igual.
Aún no logran acuerdo en hacer obligatoria la tarjeta de prepago, Feria o cualquiera otra. Quién sabe cómo lograrán transparencia, organización y planeación con un pago en efectivo que es oscuro por definición.
Ojalá logren acordar las muchas particularidades que faltan. Es urgente aprobar una ley sólida de movilidad para esta ciudad que está a punto de quedarse inmóvil.
