La única manera de sobrevivir a un laberinto es no adentrarse en él. Precisamente eso decidió hacer el Congreso de Nuevo León. Ojalá no sea demasiado tarde.
La Comisión Anticorrupción votó ayer por esperar a la Suprema Corte para decidir la ya célebre sanción al gobernador y al secretario general de gobierno. El diputado Asael Sepúlveda logró que se acordara un sensato acuerdo al respecto. Y la comisión se declaró en permanente.
La SCJN había otorgado suspensión tanto al Bronco como a Manuel González mientras resolvía el fondo de la controversia iniciada por ellos.
Tal suspensión, sin embargo, no estaba dirigida a la determinación del castigo, solamente a su aplicación, de tal manera que ayer la comisión podía haberse decidido por un castigo grave, como la destitución e inhabilitación, pero sin que surtiera efectos.
Ganó la cordura. No es difícil imaginar el desastre si los diputados hubieran destituido al Bronco y al secretario: el Poder Legislativo decide cortar las cabezas del Poder Ejecutivo y, sin embargo, debe seguir trabajando con ellos. Vaya...
Además, la decisión hubiera sido “altamente impugnable”, como le llamaron en la sesión.
Pero el laberinto legal estaba ahí desde el principio y no se convencieron de alejarse a tiempo; estaba enfrente desde que Sala Especializada del Tribunal Electoral pidió al Congreso algo para lo que no tenía atribuciones y lo metió en un callejón sin salida: el Congreso tiene que acatar la orden del Tribunal, ¡pero no lo puede hacer sin cometer una ilegalidad!
Algunos partidos en el Congreso se emocionaron con eso de darles a los independientes un “castigo ejemplar”. No quisieron ver que se metían en un lío del que muy difícilmente saldrían sin raspones. O que le harían el caldo gordo, aunque se fueran con tiento, a Samuel García, aspirante al puesto del Bronco, máximo impulsor de este proceso y fuerte contrincante para la cada vez más próxima elección. O que iban a paralizar el estado...
Los laberintos están hechos para no salir. No hay que olvidarlo.
